La agente fiscal Ruth Karina Benítez, de la Unidad Penal Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos provenientes de Delitos Informáticos, formuló imputación en contra de la abogada Zully Ortíz y a otra mujer por los hechos punibles de coacción y amenaza de hecho punible, en el marco de una causa que guarda relación con el esquema conocido mediáticamente como “mafia de los pagarés”.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por el director de un medio de comunicación, quien afirmó haber sido objeto de persecución y hostigamiento mediante redes sociales, con el objetivo de intimidar y obstaculizar la cobertura periodística sobre causas de relevancia pública. En ese contexto, el Ministerio Público identificó el uso sistemático de perfiles falsos y cuentas anónimas para difundir mensajes amenazantes y generar presión psicológica contra el denunciante y su equipo de trabajo.
Durante el procedimiento fiscal realizado con relación al caso, se incautaron numerosos pagarés en blanco —firmados y con montos ya consignados— así como más de un centenar de documentos con el mismo monto y firma original de una misma persona, elementos altamente relevantes para la línea investigativa y compatibles con el esquema de extorsión que dio origen al término “mafia de los pagarés”.
La agente fiscal Benítez destacó que una de las imputadas ya contaba con dos imputaciones previas y una acusación vigente en el marco del mismo esquema, pese a lo cual, “seguía operando como si nada”, según consta en la carpeta fiscal.
Obstrucción del procedimiento y remisión de antecedentes por desacato
Durante el operativo, una de las mujeres imputadas intentó obstruir el procedimiento fiscal, negándose a colaborar y dificultando el acceso a documentos de interés investigativo. Ante esta situación, la fiscal Benítez dispuso la remisión de los antecedentes a la autoridad judicial por la posible comisión del hecho punible de desacato, a los efectos de que se evalúe la comunicación de los antecedentes a una unidad penal ordinaria para la eventual apertura de causa.
Requerimiento de prisión preventiva
Debido a la gravedad de los hechos investigados, el riesgo de fuga, el peligro de obstrucción y los antecedentes procesales existentes, el Ministerio Público solicitó la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva para las imputadas.
Continuidad de la investigación
La Fiscalía cuenta con un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo correspondiente, conforme a lo previsto en el Código Procesal Penal. La causa permanece abierta y el Ministerio Público continuará impulsando medidas destinadas al esclarecimiento total del caso y la protección de las víctimas.
