En el marco del análisis de las medidas institucionales implementadas ante las irregularidades en juicios ejecutivos vinculados a la “mafia de los pagarés”, el diputado Adrián Vaesken, expresó preocupación por la lentitud del proceso y la situación que atraviesan las víctimas.
“Es inaceptable que las víctimas sigan esperando justicia», declaró el parlamentario, al tiempo de enfatizar que se siguen aplicando descuentos a cientos de personas que son víctimas del salvaje esquema.
Exigió sanciones para los responsables de la estafa y un resarcimiento para los miles de compatriotas que resultaron víctimas en los últimos años.
En tal sentido, el legislador cuestionó la falta de transparencia en la actuación de algunas instituciones involucradas.
“Esto es cosa del pasado, pero lamentamos que, a pesar de las leyes vigentes, sigamos con los descuentos irregulares. Hay mucha lentitud en la resolución de los conflictos”, sentenció.
En octubre de 2025, la fiscalía anticorrupción logró elevar a juicio oral y público la causa principal que involucra a magistrados y funcionarios judiciales por prevaricato y otros delitos.
El Senado conformó una comisión especial que, a inicios de febrero de 2026, anunció la presentación de 18 nuevas denuncias penales contra empresas y personas del sector privado vinculadas al esquema.
Se han registrado casos individuales de estafas por montos de hasta G. 48 millones a docentes.
Solo en el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), más de 400 funcionarios fueron víctimas de una estafa colectiva similar.
La mafia de los pagarés también afectó a más de dos mil funcionarios del Instituto de Previsión Social (IPS); y el monto total de dinero involucrado supera los G. 1,6 billones.
En todos los casos, las víctimas han denunciado falta de notificación previa a los embargos salariales y la actuación irregular de algunas empresas de cobranza.
Modus operandi
El parlamentario Vaesken recordó que el modus operandi, en estos casos, es presentar demandas por deudas inexistentes o ya pagadas utilizando pagarés con firmas falsificadas o documentos firmados en blanco que luego son completados con montos exorbitantes.
El esquema se ensaña con sectores vulnerables como docentes, enfermeros, policías, jubilados e indígenas; y muchos descubren el fraude años después, cuando sus salarios son embargados o se encuentran con inhibiciones de bienes que les impiden operar financieramente.
Los casos suelen tramitarse en juzgados de paz del interior para dificultar la defensa de las víctimas y se estima que un grupo pequeño de jueces dictó cientos de miles de resoluciones vinculadas al esquema en solo tres años, según rememoró. Fuente: Diputados
