El juez penal de garantías Mirko Valinotti, debe analizar si admite o rechaza la imputación presentada por la fiscal María Angélica Insaurralde contra seis miembros directivos de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y la asesora jurídica de la iglesia, la abogada Michelle Byun.
De acuerdo con la norma judicial el juez de garantías tiene la facultad de controlar la legalidad de la imputación, aceptarla u oponerse a su admisión si no cumple los requisitos formales, si los hechos no configuran un delito o si se vulneran derechos fundamentales de las personas imputadas.
El mencionado proceso se da a partir de una denuncia que sostiene que la organización religiosa supuestamente habría transferido inmuebles a su abogada desde el año 2024, lo que habría impedido la ejecución de un embargo ordenado en el marco de un proceso judicial por regulación de honorarios profesionales.
Sin embargo, el abogado Francisco de Vargas, representante de la Asociacion Espíritu Santo, afirmó que las transferencias sí existieron, pero como forma de pago de honorarios, debido a la falta de liquidez de la institución. Añadió que, según informes de la Dirección General de los Registros Públicos que obran en poder de la propia Fiscalía, la iglesia posee 38 inmuebles que abarcan más de 230.000 hectáreas.
Asimismo, sostuvo que el embargo preventivo no pudo concretarse por supuestamente errores formales en los oficios judiciales, como la ausencia de fecha y número de resolución, según consta en reportes del oficial de justicia.
De Vargas cuestionó duramente la actuación fiscal y aseguró que la imputación carece de sustento jurídico.
“Esta denuncia y esta imputación no tienen sustento alguno. La fiscal tenía que haber desestimado la denuncia, no haber imputado”, afirmó, expresando su expectativa de que el juzgado rechace la presentación.
En paralelo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados informó ayer que tomó conocimiento del caso a partir de publicaciones en la red social X y resolvió iniciar el proceso de recolección de antecedentes para un análisis preliminar para determinar si corresponde abrir una investigación de oficio.
La decisión del juez Valinotti será clave para definir si el proceso penal continúa o si la imputación es rechazada por falta de fundamentos legales.
