El abogado Francisco de Vargas solicitó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, una auditoría de gestión sobre la actuación de la fiscala María Angélica Insaurralde en la causa “Michelle Young Byun y otros s/ frustración de la persecución individual y otro”, en la que fueron imputadas siete personas vinculadas a la Asociación Espíritu Santo.
La defensa sostiene que la agente fiscal habría incurrido en supuestas irregularidades y omisiones al formular la imputación. Entre los puntos cuestionados menciona la presunta violación del principio de objetividad, la inexistencia de lesión patrimonial, una imputación genérica sin individualización de conductas, la inexistencia de crédito líquido y la supuesta afectación del derecho a la defensa.
“Se han tratado de hacer intentos que han sido fallidos, de embargo, digo, porque los mandamientos fueron mal hechos, porque no pusieron las fechas y los números de resoluciones y eso no se le puede atribuir a los que hoy día están imputados En síntesis, no hay base para que se haya hecho esta imputación. Lo único que hay es elemento para desestimar la denuncia hecha por Esteban Sarubbi y sin embargo la fiscal ha hecho todo lo contrario”, afirmó De Vargas.
El proceso se inició tras una denuncia que señala que la organización religiosa habría transferido inmuebles a su abogada desde 2024, lo que —según el denunciante— impidió la ejecución de un embargo dispuesto en el marco de un juicio de regulación de honorarios profesionales.
No obstante, la defensa reconoce que las transferencias existieron, pero sostiene que se realizaron como forma de pago ante la falta de liquidez de la institución. Asimismo, argumenta que la dación en pago fue resuelta antes del inicio del juicio de regulación, lo que —según su postura— descarta la existencia de intención de perjudicar a un acreedor.
De acuerdo con el abogado, en la propia carpeta fiscal constan informes de la Dirección General de los Registros Públicos que indican que la Asociación mantiene a su nombre 38 inmuebles, que en conjunto superan las 230.000 hectáreas en el país. A su criterio, ello garantizaría cualquier eventual crédito y demostraría la inexistencia de peligro patrimonial.
Entre los inmuebles cuya traba de embargo fue solicitada figuran propiedades ubicadas en Puerto Pinasco, Puerto Casado y el Chaco, identificadas con distintas matrículas y padrones, como la Matrícula P04-184 (Padrón 556), la Finca 5.892 (Padrón 68), la Matrícula 347 (Padrón 1714) y la Matrícula P04-183 (Padrones 558 y 559), entre otros.
La defensa también cuestiona que la imputación haya sido formulada contra siete personas en bloque, sin detallar conductas concretas atribuidas a cada una, y señala que los procesados no fueron convocados previamente a declaración indagatoria.
En paralelo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) comunicó que analizará la posible apertura de una investigación preliminar sobre la actuación de la fiscala Insaurralde, tras publicaciones periodísticas que pusieron en debate la solidez jurídica de la imputación.
