El senador Rafael Filizzola criticó el nuevo decreto del Ejecutivo que amplía la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y sostuvo que la militarización ha demostrado históricamente ser ineficaz en América Latina. Afirmó que el Gobierno insiste en medidas reactivas que no fortalecen a la Policía Nacional ni consolidan capacidades institucionales sostenibles.
“Hacer más de lo mismo sin lograr el resultado solo evidencia el fracaso de un modelo. Varios departamentos del país viven ‘militarizados’ hace más de una década con la excusa de la lucha contra el EPP, y a pesar de reiterados anuncios de su derrota se evidencia que no lo han logrado. La excepción no puede ser la regla, la solución no puede ser simplemente reactiva”, expresó.
El legislador señaló que, desde 2013, distintos departamentos fueron declarados bajo regímenes de excepción, inicialmente en el norte del país y luego ampliados a otras zonas. Según indicó, la extensión permanente de estas medidas desnaturaliza el carácter extraordinario que la Constitución prevé para el Estado de Excepción y debilita los controles democráticos.
Filizzola advirtió además que el decreto habilita la eventual intervención en cualquier punto del territorio nacional por recomendación del Consejo de Defensa Nacional (Codena), sobre la base de informes de inteligencia que identifiquen la actuación de grupos criminales.
Aunque formalmente se presenta como un “apoyo” a la Policía, consideró que en la práctica puede producirse un desplazamiento operativo de la fuerza policial por parte de las Fuerzas Armadas.
“Se debe cambiar el modelo y apostar por el fortalecimiento de las instituciones naturales a cargo de la seguridad interna, la Policía principalmente, a los efectos de dejar capacidades locales sostenibles en el tiempo para enfrentar las amenazas en forma permanente y a largo plazo”, afirmó.
El senador sostuvo que el Gobierno reconoce implícitamente que la Policía se encuentra sobrepasada, pero no impulsa reformas estructurales para revertir esa situación. Recordó que se anunciaron egresos de 5.000 policías por año, aunque —según cuestionó— no se observan mejoras sustanciales en profesionalización, especialización ni en capacidades técnicas.
“¿Cuántos agentes egresaron de manera exprés?, ¿qué capacidades concretas fueron efectivamente incrementadas, si finalmente se recurre a la militarización como mecanismo de respuesta?”, planteó.
También enfatizó la necesidad de fortalecer los servicios de inteligencia y cuestionó decisiones recientes que, a su criterio, afectan la moral y la capacidad técnica de la institución. Mencionó el caso del comisario César Pérez, quien se desempeñaba al frente de la Dirección contra el Secuestro y Terrorismo y quedó fuera de la lista de ascensos tras un proceso de evaluación por polígrafo.
“Este tipo de decisiones incide directamente en el fortalecimiento de capacidades técnicas de la fuerza y la moral de sus efectivos”, sostuvo.
Filizzola alertó además sobre la amplitud de los supuestos contemplados en el decreto, que permitirían intervenciones bajo criterios como la posesión de armamento de guerra, entrenamiento pseudomilitar o la intención de imponerse sobre la autoridad del Estado. A su entender, la falta de precisión normativa abre margen a interpretaciones extensivas que pueden afectar el principio de legalidad y el uso proporcional de la fuerza.
“La experiencia comparada en América Latina señala de forma contundente que el empleo de fuerzas militares en materia de seguridad interna presenta serias limitaciones en términos de eficacia y plantea vicios con los principios de legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza”, afirmó.
Finalmente, el senador concluyó que la militarización no constituye una política sostenible de seguridad pública. “No pasan de medidas mediáticas que no mejoran la situación de la seguridad y quebrantan la Constitución y la democracia”, expresó.
