La Contraloría General de la República dispuso la verificación del patrimonio de la gobernadora de Concepción, Liz Meza; en el marco de sus atribuciones constitucionales de control y fiscalización de bienes públicos. El control surge a partir de las denuncias públicas tras la fiesta de 15 años de su hija, donde según la propia jefa Departamental confirmó que tuvo un costo de casi 600 millones de guaraníes.
La medida implica el análisis de la declaración jurada de bienes presentada por la jefa departamental, así como el cruce de datos con otras instituciones del Estado, a fin de constatar la correspondencia entre sus ingresos, bienes y obligaciones. Desde la Contraloría señalaron que se trata de un procedimiento administrativo que busca garantizar la transparencia en la gestión pública.
Hasta el momento, no se informó sobre plazos específicos para la conclusión del proceso ni sobre eventuales hallazgos. La verificación patrimonial es una herramienta que suele activarse ante denuncias públicas, inconsistencias detectadas o como parte de controles aleatorios.
Se aguarda una eventual postura oficial de la gobernadora de Concepción respecto a la decisión del órgano contralor.
