El órgano revisor deberá expedirse sobre el recurso contra la elevación a juicio oral por presunto prevaricato en la transferencia de tierras en zona de seguridad fronteriza.
Tras un año de diversas inhibiciones, finalmente se integró el Tribunal de Apelación que deberá entender en los recursos pendientes dentro del proceso seguido a la exmagistrada Tania Irún, cuya causa ya había sido elevada a juicio oral. El colegiado está presidido por el magistrado José Agustín Fernández, e integrandose con los últimos que son Paublino Escobar y Mario Camilo Torres. Esta instancia tendrá la responsabilidad de estudiar las impugnaciones que han mantenido paralizado el avance del proceso.
La labor del tribunal se centrará en resolver el recurso interpuesto por la defensa de la ex jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial contra el auto de apertura a juicio oral. La investigación del Ministerio Público gira en torno a la presunta comisión de prevaricato, hecho relacionado con una resolución judicial del año 2018 que permitió la transferencia de unas 310.000 hectáreas de tierras a empresas extranjeras.
Cabe destacar que el proceso ya cuenta con dos resoluciones de elevación a juicio, habiendo superado diversas etapas de estancamiento en los juzgados de garantías. En cuanto al hecho nuevo, el representante de la querella adhesiva por la Asociación Espíritu Santo, el abogado Francisco de Vargas, expresó su conformidad con la nueva integración del órgano revisor.
Resaltó la trayectoria de los magistrados designados y manifestó que los últimos en integrar la sala son magistrados de reconocida solvencia intelectual e imparcialidad, razón por la cual la querella confía en que se ratifique la decisión de primera instancia, se rechace la apelación de la defensa y se proceda al juicio oral y público.
La acusación fiscal sostiene que la exjueza habría ignorado las disposiciones de la Ley de Seguridad Fronteriza, normativa que limita la propiedad de tierras a favor de extranjeros en una franja de 50 kilómetros desde la frontera nacional. Este argumento se apoya en los votos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, quienes, al integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, se pronunciaron a favor de la destitución de Irún.
En ese sentido, De Vargas puntualizó que la postura del ministro Benítez Riera subraya la necesidad de salvaguardar la soberanía territorial en las áreas limítrofes. Explicó que la ley vigente prohíbe de forma taxativa que tierras ubicadas en la franja de seguridad sean tituladas a nombre de firmas cuyas sociedades no posean acciones nominativas y no endosables como mecanismo de transparencia.
La causa judicial lleva varios años. Tania Irún fue removida de su cargo en 2021 e imputada en enero de 2022 por la fiscal Natalia Fuster y posteriormente acusada por la fiscalia adjunta Soledad Machuca. Aunque en 2024 el juez Yoan Paul López ya había dispuesto que la causa pase a juicio, diversas dilaciones lo postergaron. Pero en abril de 2025, el juez penal de Garantías Osmar Legal por segunda vez ratificó la elevación a juicio oral.
Con la actual conformación de la Cámara de Apelaciones, De Vargas explicó que espera una resolución definitiva que permita juzgar el presunto prevaricato.
