El Ministerio Público logró la confirmación de la elevación a juicio oral y público de la causa seguida contra Ruth Jazmín da Silva Almirón, por la presunta comisión de los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, luego de que el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos declarara la inadmisibilidad del recurso de apelación promovido por la procesada.
La acusada es esposa de Wilfrido Cáceres, exjefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción y principal investigado en el marco de los presuntos hechos ilícitos que son objeto de investigación. La misma había apelado el A.I. n.° 312, de fecha 26 de noviembre de 2025, mediante el cual el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público. El Tribunal de Apelación fundamentó su decisión señalando que la recurrente no acreditó agravio alguno ni la existencia de una afectación concreta de derechos.
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, a cargo de los fiscales Silvio Corbeta y Luis Piñánez, formuló acusación contra Wilfrido Cáceres y otros tres coimputados por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La investigación fiscal abarcó el periodo comprendido entre los años 2016 y 2023, y permitió establecer un incremento patrimonial significativo e injustificado en el matrimonio conformado por Cáceres y su cónyuge. Si bien los ingresos legales declarados ascienden a G. 3.126 millones, se verificaron adquisiciones e inversiones por más de G. 3.927 millones, evidenciándose un desfasaje patrimonial no justificado que, tras la exclusión de operaciones simuladas, asciende a G. 1.016 millones.
El análisis patrimonial y financiero, sustentado en informes técnicos de la Contraloría General de la República y del Departamento de Análisis e Investigación Económica del Ministerio Público, concluyó que el patrimonio adquirido por los acusados —que incluye inmuebles de alto valor, vehículos de alta gama y mobiliario por un monto global de G. 7.764 millones— habría sido obtenido con recursos de presunto origen ilícito, posteriormente presuntamente legitimados mediante maniobras de ocultamiento y simulación de transferencias de bienes a terceras personas.
