La nota remitida al Ministerio Público advierte sobre la falta de diligencias en unidades zonales y sugiere el traslado de los expedientes a la Unidad Especializada de Delitos Económicos.
La Comisión Especial de Investigación de la Mafia de los Pagarés del Senado remitió una comunicación oficial al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández. En el documento expone la necesidad de revisar la gestión de las causas que actualmente se encuentran distribuidas en diversas unidades fiscales.
El escrito, firmado por el senador Rafael Filizzola en su carácter de presidente de la comisión, señala que la dispersión de los expedientes y la falta de «avances sustanciales» en las investigaciones comprometen la eficacia del sistema de persecución penal. Según el reporte, esta situación prolonga el perjuicio patrimonial y emocional de las personas afectadas, quienes enfrentan procesos ejecutivos y embargos presuntamente irregulares.
INCONSISTENCIA TERRITORIAL. Uno de los puntos centrales de la nota hace referencia a la inadecuada radicación territorial de las investigaciones. Como caso de estudio se menciona la Causa N.º 682/2025, actualmente a cargo de la Unidad 1 Zonal de San Antonio. El documento sostiene que a diez meses de su inicio no se han registrado diligencias conducentes al esclarecimiento del hecho.
Por otra parte, la comisión argumenta que la investigación enfrenta obstáculos operativos debido a que los hechos principales —como la generación de los créditos y las ejecuciones judiciales— ocurrieron en la Capital y no en la jurisdicción donde reside la víctima.
Se menciona que la propia unidad fiscal habría reconocido limitaciones materiales para realizar actos investigativos en Asunción.
CASO TESTIGO. El expediente citado refiere la denuncia de la contadora Doris Chávez Benegas, quien reportó un embargo de G. 74.871.590 de su cuenta bancaria en mayo de 2025. El origen de la retención sería un pagaré vinculado a un préstamo del Banco Nacional de Fomento (BNF) fechado en agosto de 2020.
La denunciante ha negado la obtención de dicho crédito y desconoce la firma inserta en el pagaré. Incluso señala que en la fecha del supuesto prestamos se encontraba bajo reposo médico con diagnóstico de preeclampsia, en el marco de las restricciones sanitarias por la pandemia.
CENTRALIZACIÓN TÉCNICA. Ante la posible existencia de «producción y utilización de documentos no auténticos», la comisión solicitó formalmente que estas investigaciones sean reconducidas a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
La solicitud se fundamenta en que dicha unidad posee la capacidad técnica y la proximidad territorial a las fuentes de prueba necesarias, como registros institucionales y pericias caligráficas. La instancia parlamentaria concluye que el abordaje de estos hechos debe ser estructural, dado que los casos reportados podrían formar parte de un esquema sistemático de fraude financiero.
