El presidente Santiago Peña afirmó que el reclamo de la clase trabajadora por recuperar su poder adquisitivo es legítimo y que el Gobierno no puede ser indiferente ante esta situación. En el marco del reajuste del salario mínimo, indicó que el Estado debe actuar como árbitro entre trabajadores y empresarios, promoviendo el diálogo para alcanzar acuerdos. Además, subrayó que, aunque hay avances en generación de empleo, es fundamental garantizar que los salarios permitan una mejor calidad de vida sin afectar la sostenibilidad del empleo.
En esa línea, instruyó a la ministra Mónica Recalde a impulsar un nuevo sistema de ajuste del salario mínimo desde el Consejo Tripartito. La ministra destacó que el Gobierno buscará que el crecimiento económico se refleje en los ingresos de la población y que el salario real aumente. También señaló que el reajuste estimado con el método actual —alrededor de 60.000 guaraníes— es insuficiente, por lo que las negociaciones entre trabajadores y empresarios se basarán en evidencia técnica proporcionada por distintas instituciones del Estado.
Por otro lado, el Gobierno impulsa un proyecto de ley para desvincular el salario mínimo de otros conceptos como impuestos, tasas y contribuciones, con el fin de evitar el “efecto arrastre” en los precios. Esta propuesta busca establecer una nueva unidad de medida independiente y proteger el salario real, además de incluir medidas como la reducción de la embargabilidad de los ingresos. Según la ministra, el objetivo es fortalecer el poder adquisitivo y contribuir a que más personas salgan de la pobreza mediante su trabajo, con la intención de presentar el proyecto al Congreso en el corto plazo.
