Presentan denuncia ante Registros Públicos por presuntas irregularidades en transferencia de tierras del Chaco

La Asociación Espíritu Santo pidió verificar operaciones vinculadas a inmuebles de Puerto Casado transferidos a sociedades extranjeras. La presentación menciona contratos celebrados fuera del país y supuestas inconsistencias registrales.

El abogado Gerardo Galeano, en representación de la Asociación Espíritu Santo, presentó una denuncia ante la Dirección General de los Registros Públicos para advertir sobre presuntas irregularidades relacionadas con la transferencia de tierras ubicadas en el Chaco paraguayo.

La presentación fue realizada ante la titular de la institución, Lourdes González, y guarda relación con la causa judicial “Cusabo y otros c/ Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial”. De acuerdo con el escrito, las observaciones formuladas no solo alcanzan a los inmuebles actualmente en litigio, sino también a otras fincas que, según la denuncia, estarían siendo transferidas a favor de empresas constituidas en paraísos fiscales.

Galeano solicitó la verificación física de las transmisiones correspondientes a las matrículas R03-349, padrones 1629 y 1630, además de la matrícula R03-343, todas del distrito de Puerto Casado, con el objetivo de auditar las actuaciones judiciales vinculadas a esos actos.

Según la denuncia, la firma Firstar Investments Limited, radicada en Islas Vírgenes, promovió acciones para elevar a escritura pública diversos contratos privados, algunos de ellos suscriptos en el extranjero.

El planteamiento sostiene que la empresa habría adquirido derechos sobre las tierras de otra firma extranjera denominada Madera Dura S.A., constituida en Uruguay, mediante contratos celebrados fuera del territorio paraguayo que, presuntamente, no fueron inscriptos ante la Dirección General de los Registros Públicos, tal como exige la legislación paraguaya.

Asimismo, Galeano afirma que, durante la tramitación judicial, no se habría incorporado la transcripción de esos documentos, situación que —según refiere— impediría detectar eventuales incumplimientos de las disposiciones legales paraguayas al momento del análisis registral.

En relación con las operaciones observadas, el escrito refiere que el esquema se habría iniciado con un contrato privado de préstamo entre la Asociación Espíritu Santo y la firma panameña Victoria Terrace. Posteriormente, dicha compañía habría cedido ese crédito a la empresa uruguaya Madera Dura S.A. mediante un instrumento privado firmado en el exterior. Luego, siempre según la denuncia, se formalizó un acuerdo de dación en pago entre la asociación y la firma uruguaya, operación que actualmente forma parte de una investigación penal.

Finalmente, Madera Dura S.A. habría transferido los derechos sobre las fincas chaqueñas a Firstar Investments Limited, completando así la cadena de operaciones actualmente cuestionadas por presuntas irregularidades en materia registral y tributaria.

La presentación también señala que este último contrato privado habría sido celebrado fuera del país sin la inscripción prevista en el Artículo 24 del Código Civil y sin el pago de tributos conforme al principio de territorialidad.

Como antecedente, el escrito recuerda que la ex jueza Tania Irún fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. No obstante, la demanda de obligación de hacer escritura pública promovida por la firma extranjera continuó su curso, situación que motivó la presentación ante las autoridades registrales.

Es importante señalar que la Ley de Seguridad Fronteriza establece disposiciones que prevén sanciones para magistrados, escribanos y funcionarios públicos en caso de incumplimiento de sus disposiciones en el marco de operaciones vinculadas a inmuebles en zona de seguridad fronteriza.

La denuncia presentada ante Registros Públicos acompaña además un pedido de informes de la Cámara de Diputados, una respuesta de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el manual institucional en materia de denuncias de irregularidades registrales y una copia del contrato privado suscripto entre Firstar Investments Limited y la firma uruguaya involucrada en las transferencias.