La Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público las conclusiones del examen de correspondencia realizado sobre las declaraciones juradas del presidente Santiago Peña y concluyó que no existen elementos que permitan sostener un incremento patrimonial no razonable o desproporcional respecto a sus ingresos lícitos.
De acuerdo con lo informado por Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la institución, el análisis se realizó sobre dos periodos diferenciados. Entre 2014 y 2017, cuando Peña ejercía funciones en el sector público, se registró un crecimiento patrimonial de alrededor de G. 1.200 millones. Posteriormente, entre 2017 y 2023, etapa vinculada al sector privado, el incremento superó los G. 22 mil millones, representando una variación patrimonial del 1.816% en aproximadamente seis años.
Respecto a una de las observaciones públicas vinculadas a una propiedad del mandatario, Torres explicó que el inmueble tendría un valor estimado superior al millón de dólares entre terreno y construcción. Señaló que el primer pago se realizó mediante un préstamo bancario en abril de 2024 y que otra parte del financiamiento provino del rescate de acciones pertenecientes al presidente. Según la evaluación técnica de la Contraloría, al cierre ya se habían abonado USD 600.000 y no fueron detectadas irregularidades relacionadas con la construcción ni con el origen de los recursos analizados.
