El fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de una causa penal y la conformación de un equipo especializado de agentes fiscales para investigar denuncias relacionadas con un supuesto perjuicio patrimonial al Estado mediante la contratación y difusión de contenidos comunicacionales ajenos al interés público, así como el eventual desvío de fondos públicos destinados a programas de asistencia social.
Para llevar adelante la investigación, el titular del Ministerio Público designó a las agentes fiscales Marlene Concepción González y Laura Giacummo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción; y a Ruth Benítez, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos. El equipo actuará bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón.
La decisión fue adoptada a partir de las presentaciones formuladas por los diputados Raúl Benítez, Adrián Vaesken, Mauricio Espínola y Rocío Vallejo, quienes denunciaron la supuesta contratación y difusión de contenidos comunicacionales ajenos al interés público mediante campañas digitales en plataformas publicitarias, con el consiguiente perjuicio patrimonial al erario público.
Asimismo, se tuvo en cuenta la denuncia presentada por el ciudadano Hugo Javier Portillo Sosa, patrocinado por los abogados Cecilia Pérez Rivas y Ezequiel Santagada, quien señaló que recursos públicos destinados a programas de asistencia social habrían sido desviados para financiar campañas sistemáticas de hostigamiento digital contra periodistas y figuras públicas.
