El senador sostiene que la adjudicación de toda la banda principal del 5G excluye a Tigo y Personal, limita la competencia y deja a millones de usuarios sin acceso a la nueva tecnología salvo que migren de operadora. Advierte una posible plan para que Nubicom quede con Vox, a empresa estatal.
La adjudicación de la principal banda para el desarrollo del 5G fue cuestionado por el senador Rafael Filizzola, quien advirtió que el proceso concentró todo el espectro disponible en manos de dos empresas y podría obligar a millones de personas a cambiar de operadora para acceder al 5G.
En un documento de análisis, el legislador señaló que los 400 MHz disponibles en la banda de 3.500 MHz, considerada la más importante para el despliegue de redes 5G, fueron adjudicados íntegramente a Claro y Nubicom, con 200 MHz para cada una. Según sostuvo, esto deja fuera a Tigo y Personal, compañías que concentran cerca del 70% de los clientes de telefonía móvil del país.
Filizzola afirmó que la decisión compromete la competencia futura en un mercado donde el espectro radioeléctrico constituye un recurso público limitado y estratégico. A su criterio, la distribución del espectro debía priorizar una mayor participación de operadores y no la concentración en pocas empresas.
Para el senador esto fue direccionado para que Nubicom, una firma vinculada al presidente Santiago Peña y cuyo gerente es uno de los fundadores de Ueno. Cuestionó las restricciones incorporadas al pliego sobre el origen de los equipos y los criterios de ciberseguridad. Según indicó, esos requisitos terminaron excluyendo en la práctica a operadores que utilizan tecnología china en sus redes actuales.
Además, advirtió que la medida puede afectar directamente a los usuarios porque no van a poder tener acceso a una red de 5G, a menos que se conviertan en cliente obligatorio de Nubicom.
Finalmente, Filizzola advirtió que el proceso licitatorio podría encubrir un objetivo más amplio, vinculado a la eventual absorción de Vox y Copaco —la telefonía estatal— por parte de Nubicom, que no tiene ni un cable instalado en Paraguay, dijo.
El senador recordó que el Ejecutivo impulsa un plan para reubicar a cerca de 2.000 funcionarios de Copaco en otras dependencias del Estado, lo que implicaría que el sector público asuma el costo laboral, mientras la empresa iría quedando progresivamente sin personal ni capacidad operativa.
Remarcó que este esquema abre interrogantes sobre la posibilidad de que, una vez reducida su estructura y parcialmente saneadas sus obligaciones, los activos de Vox o Copaco terminen siendo transferidos al sector privado por valores inferiores a los reales.
