El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y el juez Juan Francisco Ortiz deberá definir el próximo martes 11 de agosto la sentencia en el juicio oral contra la exjueza en lo Civil y Comercial Tania Carolina Rosa Irún Ayala, procesada por la presunta comisión de prevaricato.
Durante los alegatos finales, el Ministerio Público solicitó una sanción de tres años de prisión, mientras que la querella adhesiva, ejercida por el abogado Francisco de Vargas en representación de la Asociación Espíritu Santo, requirió la pena máxima de seis años de cárcel.
Desde la querella remarcaron que el único argumento de la defensa técnica fue señalar que el fallo de la exmagistrada contó con la confirmación posterior de un Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el abogado querellante enfatizó que la propia postura de la defensa terminó por confirmar que la exjueza no tuvo a la vista los estatutos sociales de las empresas extranjeras calificadas como sociedades de maletín, a las cuales adjudicó 310.000 hectáreas de tierras ubicadas en la franja de seguridad fronteriza del departamento de Alto Paraguay, en el Chaco, cuyo valor se calcula en unos 500 millones de dólares.
Asimismo, la acusación fiscal recordó que ningún ministro de la Corte Suprema de Justicia afirmó que la procesada haya actuado conforme a derecho. Al contrario, señalaron que los ministros Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera concluyeron en sus votos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que la exmagistrada violó la Ley Nº 2532/05 de Seguridad Fronteriza y actuó sin competencia.
En ese contexto, desde la querella remarcaron que la auditoría impulsada en su momento por el ministro Eugenio Jiménez Rolón no llegó a concluir debido a la pérdida del cargo de la jueza, mientras que la acción de inconstitucionalidad promovida por la defensa contó con la postura del ministro César Garay Zucolillo favorable a estudiar el fondo del asunto, en el marco de un proceso que derivó en la destitución de Irún por parte del JEM, decisión ratificada por unanimidad por el pleno de la máxima instancia judicial.
De confirmarse una condena efectiva con pena privativa de libertad, la exmagistrada podría ser remitida al Complejo Penitenciario de Mujeres (El Comple) ubicado en Emboscada, la nueva penitenciaría femenina habilitada por el Ministerio de Justicia tras el cierre definitivo del penal del Buen Pastor.
El juicio oral y público proseguirá el martes 11 de agosto a las 13:00 con la presentación de las réplicas y dúplicas entre las partes, tras lo cual los magistrados ingresarán a deliberar para dar lectura a la sentencia definitiva.
