Los senadores Natalicio Chase, Basilio “Bachi” Núñez y Antonio Barrios presentaron un proyecto de resolución mediante el cual solicitan al Banco Central del Paraguay (BCP) un informe detallado sobre las operaciones realizadas por Ueno Bank S.A., particularmente aquellas vinculadas con personas y empresas relacionadas. El pedido, fechado el 7 de septiembre de 2026, busca obtener información precisa sobre el cumplimiento de los límites prudenciales y las medidas adoptadas por la Superintendencia de Bancos ante eventuales incumplimientos. El documento plantea que el objetivo es contar con información “certera y precisa” sobre el cumplimiento de las normas y las medidas correctivas aplicadas.
Entre los principales puntos requeridos se encuentran las operaciones de Ueno Bank con Mowi S.A., Grupo M S.A. y Grupo Hendy S.A., además de operaciones con Tuui S.A., Franade S.A. y Aime S.A. Corredores de Seguros. Los legisladores solicitan al BCP precisar si se registraron excesos a los límites establecidos para operaciones con partes vinculadas, cuándo fueron detectados, cuál fue su magnitud y durante cuánto tiempo permanecieron. También preguntan específicamente por la venta de cartera de Ueno Bank a Vinanzas S.A., por US$ 35 millones y G. 36.900 millones, y si la Superintendencia verificó el destino de los fondos y la trazabilidad de las operaciones.
El pedido de informes apunta además a conocer qué medidas tomó el organismo regulador frente a los eventuales excesos. En ese sentido, se consulta si Ueno Bank fue requerido a presentar un plan de regularización, si se adoptaron medidas cautelares u observaciones conforme al artículo 34, numeral 3, de la Ley N.º 6104, y si se inició algún sumario administrativo o procedimiento sancionatorio contra la entidad o sus directores. Los senadores también solicitan copias de los informes de inspección y monitoreo correspondientes a 2025 y 2026, dictámenes de la Unidad Jurídica y del acto administrativo mediante el cual se haya admitido o rechazado la subsanación de los eventuales excesos.
El proyecto incorpora finalmente preguntas relacionadas con el funcionamiento interno de la supervisión y posibles conflictos de interés o riesgos sistémicos. Entre ellas, si el memorando del 10 de julio de 2026, atribuido al gerente de Supervisión Fernando Rivarola, fue recibido y tramitado por la Superintendencia; si existieron divergencias entre los criterios técnicos de la Gerencia de Supervisión y las decisiones finales; y qué evaluación realizó el BCP respecto al riesgo derivado de los depósitos públicos y del IPS en la entidad. También se consulta por la excepción contable vinculada a la absorción de **Visión Banco* y sus eventuales efectos sobre los indicadores de solvencia. El proyecto establece un plazo de 15 días para que el BCP remita la documentación e información solicitada. El pedido de informes, por sí mismo, no implica una conclusión sobre la existencia de irregularidades, sino que busca que el organismo regulador precise qué controles realizó y qué decisiones adoptó.
