Los agentes fiscales Christian Benítez y Verónica Valdez imputaron a un juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Capitán Bado por el supuesto hecho de lavado de activos, en la modalidad de frustración del comiso. La investigación apunta a la presunta subasta de dos inmuebles vinculados al caso “Cabeza Branca”, pese a que ambos bienes contaban con medidas cautelares vigentes y expectativa de comiso dentro de una causa por lavado de activos, tráfico ilícito y delitos conexos.
Según la hipótesis del Ministerio Público, en agosto de 2023 la SENABICO comunicó al magistrado que las propiedades estaban sujetas a medidas cautelares. Además, informes de la Dirección General de los Registros Públicos, solicitados por el propio juez en octubre y noviembre de ese año, confirmaron que permanecía vigente una prohibición de innovar. Pese a estas advertencias, la subasta se realizó el 8 de noviembre de 2023 y los inmuebles fueron adjudicados a la firma Grupo Paraná S.A.
Posteriormente, el 28 de noviembre, el juez habría aprobado la subasta y ordenado la inscripción preventiva de los bienes a favor de la empresa adjudicada. Sin embargo, Registros Públicos rechazó el trámite mediante una nota negativa, debido a que las medidas cautelares seguían vigentes. Ante estos hechos, los fiscales solicitaron al Juzgado Penal de Garantías el desafuero del magistrado y un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo de la investigación.
