El Ministerio Público imputó al intendente de Luque, Carlos Echeverría Estigarribia, por el supuesto hecho punible de desacato de una orden judicial, tras el presunto incumplimiento de una resolución que obligaba a la Municipalidad a entregar información relacionada con la venta de un terreno municipal. La causa se inició a partir de una acción de amparo y de la Sentencia Definitiva N.º 02, dictada en enero de 2026 por el Juzgado Penal de Garantías N.º 2 de Capiatá.
El caso también pone bajo la lupa la existencia de dos resoluciones municipales con el mismo número, 448/2023, y el mismo texto, pero con valores diferentes para el mismo terreno. En una de ellas figura un monto de G. 146.400.000, mientras que en la otra aparece G. 46.400.000, generándose una diferencia de G. 100 millones que, según la denuncia, no fue aclarada por la comuna. La resolución judicial había ordenado explicar y documentar la operación de compra directa del inmueble a favor del Club Natividad Núñez Pérez.
La fiscal Laura Ramírez Riveros, de la Unidad N.º 6 de Luque, sostuvo que no existe constancia del cumplimiento de la orden judicial, pese a que la Municipalidad fue notificada a través del expediente electrónico. Por ello, formuló la imputación contra Echeverría bajo la Ley N.º 4711/12, que contempla una pena de seis meses a dos años de prisión o multa. La Fiscalía solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva y un plazo de seis meses para avanzar con la investigación.
