Las primeras reacciones de senadores de distintos sectores surgieron tras la apertura y distribución del informe del Banco Central del Paraguay (BCP), que responde a cinco pedidos de informes sobre operaciones de entidades financieras, entre ellas ueno bank. Mientras algunos legisladores transmitieron tranquilidad sobre la situación del sistema financiero, otros plantearon la necesidad de mayor transparencia y de aclaraciones por parte de las autoridades regulatorias.
El senador liberal *Dionisio Amarilla* sostuvo que, según su lectura del documento, las observaciones formuladas a ueno bank fueron subsanadas dentro del plazo legal. También afirmó que el banco cumplió con los requerimientos y cuestionó las publicaciones que, a su criterio, generan incertidumbre sobre la solvencia del sistema financiero.
Por su parte, el senador Eduardo Nakayama manifestó que, de acuerdo con lo que pudo revisar, no encontró elementos que considerara graves y señaló que las observaciones regulatorias habrían sido corregidas dentro de los plazos establecidos. El legislador también pidió evitar que las disputas políticas afecten la confianza en el sistema financiero.
En una postura diferente, el senador Rafael Filizzola solicitó que el informe sea publicado íntegramente, al considerar que el secreto bancario protege principalmente los datos de los clientes y no necesariamente toda la información sobre el funcionamiento de las entidades. Planteó además que se evalúe una sesión reservada si persisten las restricciones para divulgar el documento.
La senadora Lilian Samaniego, en tanto, señaló que la presencia de las autoridades del BCP en el Senado será importante para explicar el contenido del informe y brindar tranquilidad a la ciudadanía. La Mesa Directiva convocó para este viernes a una reunión reservada con el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y el superintendente de Bancos, a fin de responder las consultas de los legisladores.
Las posiciones reflejan el debate abierto en el Senado sobre el alcance de la información recibida, el deber de confidencialidad invocado por el BCP y la necesidad de garantizar transparencia sin generar incertidumbre sobre la estabilidad del sistema financiero.