La Fiscalía investiga a Alejandrino Gonzalo Acuña Vázquez por supuesta producción de documentos no auténticos y estafa. El Ministerio Público sostiene que habría registrado situaciones académicas que no se ajustaban a la realidad y ocasionado un perjuicio de G. 450 millones.
La investigación sobre las irregularidades académicas en la Universidad Sudamericana suma un nuevo capítulo. El Ministerio Público imputó al exrector y exadministrador de la institución, Alejandrino Gonzalo Acuña Vázquez, por los presuntos hechos punibles de estafa y producción de documentos no auténticos, en una causa que se conoce tras la condena del exsenador colorado Hernán Rivas a ocho años de prisión por el caso de su cuestionado título de abogado.
La imputación fue presentada por el fiscal Julio Ortiz, quien sostiene que entre 2009 y 2015, durante la gestión de Acuña Vázquez, se habrían consignado datos académicos que no correspondían a la realidad. Entre las supuestas irregularidades figuran registros de estudiantes, aprobación de materias y rendición de exámenes sin que estas situaciones se ajustaran a lo efectivamente realizado por los alumnos.
Uno de los antecedentes centrales de la investigación es el caso de Hernán Rivas, cuyo proceso judicial permitió detectar que figuraba como estudiante de Derecho sin haber cursado ni aprobado las asignaturas correspondientes, según los elementos mencionados por la Fiscalía. Rivas fue condenado a ocho años de prisión por el caso de su título universitario.
Además, el fiscal atribuye al exrector un supuesto perjuicio patrimonial de G. 450 millones relacionado con el traspaso de la universidad a los nuevos administradores, José María Manzoni y Arturo Peralta Vierci, en octubre de 2015. Según la hipótesis fiscal, Acuña habría omitido informar sobre las presuntas irregularidades académicas y documentales existentes en la institución, presentando una situación institucional diferente de la real para obtener un beneficio económico indebido.
La Fiscalía sostiene que las consecuencias habrían sido graves para la universidad, con daños a su reputación académica, pérdida de alumnos, cierre de filiales y perjuicios económicos para los nuevos propietarios. La imputación abre una nueva etapa judicial para esclarecer las responsabilidades en torno a las presuntas irregularidades. La responsabilidad penal de Acuña Vázquez deberá determinarse en el proceso correspondiente.
