El senador opositor advirtió que la iniciativa impulsada desde el poder político busca silenciar las críticas, evitar la transparencia sobre el uso de recursos públicos y reinstalar prácticas autoritarias.
El senador Rafael Filizzola (PDP) lanzó severas críticas contra el proyecto de ley que pretende tipificar y sancionar conductas bajo la figura de «terrorismo financiero», afirmando que la propuesta constituye un intento claro del poder político para blindar al Banco Central del Paraguay (BCP) y proteger a una entidad bancaria vinculada al entorno del presidente Santiago Peña.
A criterio del legislador, las maniobras parlamentarias y regulatorias no hacen más que ratificar la injerencia política para sofocar el debate sobre un tema que compromete fondos del Estado y ahorros de la ciudadanía.
«Lo más grave es que con todas estas maniobras lo que dejan en evidencia es que el poder político está presionando para que se deje de hablar de este tema, que es un tema que involucra no solamente recursos públicos, sino que también implica ahorros de personas. Lo que se plantea es que se transparente y que se tomen medidas correctivas para que no tengamos que lamentar situaciones que hemos lamentado en el pasado», manifestó el parlamentario.
Filizzola comparó la intención de penalizar los cuestionamientos a la banca matriz con regímenes absolutistas, señalando que la libertad de expresión ampara el control ciudadano a todas las instituciones de la República.
«Resulta que ahora hay que mirar todas las comas de los pedidos de informe; si los pedidos de informe se ajustan a la Constitución y a la ley, ¿qué problema hay? Y si hay una pregunta que no pueden responder en público, que respondan en secreto. Y ahora esto último: pretender penalizar al que critica al Banco Central… vamos a volver a la época de la monarquía donde había el delito de lesa majestad, cuando se le criticaba al rey te daban unos cuantos azotes o te mandaban a una mazmorra», ironizó.
En ese mismo sentido, el legislador rechazó el alcance de las sanciones planteadas contra la libertad de opinión y cuestionó la severidad de la propuesta. «Resulta que al Banco Central no se le va a poder criticar. ¿Si yo digo que el presidente del BCP no es adecuado para el cargo, me voy 10 años preso? Pero por favor. ¿Qué quieren, la esvástica para ponerle al lado de la bandera de su partido? Eso es lo que les falta», aseveró.
El senador agregó que situar al BCP por encima del escrutinio público resulta insostenible en un sistema democrático: «La crítica a las leyes, la crítica a las sentencias judiciales es libre; la libertad de expresión ampara a que podamos criticar a todos, desde el presidente de la República hasta el último funcionario del Estado, a los parlamentarios, a los jueces, a la Corte Suprema de Justicia… y resultase que el Banco Central es intocable, es una especie de oráculo al que no se le puede decir nada. Esto es lo más autoritario que escuché y lo más disparatado y anticonstitucional».
Opacidad institucional.
El legislador puso énfasis en que la falta de transparencia del ente regulador y la negativa a responder requerimientos parlamentarios generan incertidumbre en el propio mercado, recordando que la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) instó a la banca matriz a responder las solicitudes de información, firmadas incluso por parlamentarios del propio oficialismo.
«Eso que están haciendo, tratando de evitar que se debata, que se transparente toda esta situación, es lo que genera incertidumbre, es lo que está causando daño», aseveró, señalando que en el Senado no existen antecedentes de rechazos a solicitudes de esta índole. «Nunca en la historia del Senado se ha rechazado un pedido de informe. No sé en Diputados; al menos el tiempo en que estaba en Diputados, nunca se rechazó», recordó.
Asimismo, reveló que durante una reunión de carácter reservado la autoridad monetaria volvió a negar documentación clave, limitando el conocimiento del caso a filtraciones periodísticas parciales y reportes internacionales como los de las agencias Bloomberg, Fitch y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Respecto al contenido de la propuesta normativa, Filizzola cuestionó que se contemplen penas de hasta 10 años de cárcel, remarcando que la tendencia jurídica global apunta a despenalizar figuras como la calumnia para dirimirlas en el fuero civil.
Finalmente, el parlamentario sostuvo que el ocultamiento de información por parte de las autoridades del BCP busca encubrir la omisión de medidas que la ley imponía aplicar frente al desempeño de la entidad bancaria involucrada.
«Los que están causando perjuicio a ese banco, y de forma indirecta al sistema financiero, son aquellos que apañan al Banco Central en esa intención de ocultar información. ¿Y por qué oculta información el BCP? Porque ellos sabían que tenían que tomar medidas que les obligaba la ley y no lo hicieron para favorecer. Lo que están haciendo es amparar a los que fueron cómplices de Peña y del banco Ueno en todas las irregularidades que se cometieron», sentenció.
