El Ministerio Público abrió una causa penal para investigar las presuntas irregularidades relacionadas con títulos académicos declarados por funcionarios de organismos y entidades del Estado. La decisión fue adoptada por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, tras una denuncia presentada por la Contraloría General de la República (CGR), a partir de sus actuaciones de control sobre la documentación académica de servidores públicos.
Para llevar adelante las diligencias, fueron designados los fiscales Francisco Manuel Cabrera, Verónica Valdez y Jorge Arce Rolandi, integrantes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, con sede en Asunción. El equipo trabajará bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín, con el objetivo de analizar los antecedentes remitidos por el órgano contralor y determinar si existen hechos que puedan constituir delitos.
La denuncia fue presentada por Juan Jesús Villalba Fiore y Derlis Paredes Delgado, en representación de la Contraloría. La investigación buscará esclarecer las circunstancias de los casos detectados y establecer eventuales responsabilidades penales. La apertura de la causa no implica que los funcionarios involucrados sean culpables, sino que se inicia un proceso para verificar los hechos denunciados y determinar las medidas que correspondan conforme a la ley.