El diputado Daniel Centurión presentó un proyecto de ley que busca incorporar el artículo 224 bis al Código Penal paraguayo para establecer sanciones contra quienes celebren deliberadamente matrimonios prohibidos por la legislación civil cuando estén involucradas personas menores de 18 años. La iniciativa pretende reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de violencia, explotación y coacción, en concordancia con las obligaciones constitucionales e internacionales asumidas por Paraguay.
La propuesta contempla penas de hasta tres años de prisión o multa para los adultos que contraigan matrimonio con menores de edad con conocimiento de su edad, así como para quienes tengan responsabilidades de representación, guarda o tutela y promuevan, organicen o faciliten directamente la celebración de esas uniones. En el caso de los funcionarios públicos que autoricen o celebren un matrimonio prohibido, sabiendo que uno o ambos contrayentes son menores y que la unión está legalmente vedada, la sanción podría alcanzar hasta cinco años de cárcel.
El proyecto establece que los menores de 18 años no serán penalmente responsables por su participación o consentimiento en el matrimonio prohibido. También excluye como conductas punibles, por sí solas, las relaciones afectivas, la convivencia, el embarazo o el acompañamiento familiar. Sin embargo, si el hecho se concreta mediante violencia, amenaza grave o coacción, la pena podrá aumentar hasta la mitad para quienes hayan utilizado esos medios o participado dolosamente en su aplicación. La propuesta aclara, además, que el delito solo será aplicable mientras permanezca vigente la prohibición civil correspondiente.
La iniciativa se suma a otro proyecto que ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados y que busca eliminar las excepciones legales que permiten contraer matrimonio antes de los 18 años. Esa propuesta modifica el Código Civil para establecer la prohibición sin excepciones por consentimiento de los padres, tutores o autorización judicial. El nuevo proyecto penal deberá ser remitido a las comisiones asesoras para su estudio antes de llegar al pleno de la Cámara Baja, donde se analizará su eventual aprobación.
