La situación presupuestaria del Ministerio Público es cada vez más crítica, según advirtió el Frente Sindical de la institución, que denunció recortes sistemáticos desde el año 2014 y alertó sobre las consecuencias de la falta de recursos para responder al creciente volumen de causas. Élida Favole, integrante del gremio, calificó de “caótica” la situación y señaló que para el ejercicio fiscal 2027 se proyecta un nuevo recorte de G. 2.500 millones, pese al aumento de investigaciones que ingresan a la Fiscalía, muchas de ellas relacionadas con hechos sensibles que afectan a mujeres, niños y adolescentes.
En un comunicado, el Frente Unido respaldó el presupuesto 2027 presentado por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y sostuvo que los recortes acumulados redujeron la capacidad operativa del Ministerio Público a apenas el 30%. El sector advirtió que la institución necesita fortalecer su estructura para responder a la demanda de justicia y reclamó la incorporación de más de 400 agentes fiscales, además de psicólogos, médicos forenses, peritos, técnicos y otros profesionales indispensables para las investigaciones.
El pronunciamiento también puso énfasis en las condiciones laborales de los funcionarios. El gremio reclama un reajuste salarial de entre G. 800.000 y G. 1.000.000 para cada trabajador, debido al atraso acumulado desde 2014. Asimismo, denunció que alrededor de 5.000 trabajadores quedaron excluidos de los beneficios y reivindicaciones planteados, situación que consideran una muestra de la falta de reconocimiento al personal que sostiene el funcionamiento de la institución.
Favole advirtió que el próximo fiscal general del Estado recibirá una institución con “las manos y los pies atados”, debido a las limitaciones presupuestarias y la sobrecarga de trabajo. El Frente Sindical sostiene que la falta de recursos humanos, infraestructura, tecnología e insumos compromete la capacidad de respuesta de la Fiscalía, mientras que la política estatal no acompaña las necesidades de una institución que debe investigar delitos y garantizar el acceso a la justicia.
