En el marco del análisis sobre el proceso judicial al exsenador Hernán Rivas, condenado a 8 años de prisión por producción y uso de documentos públicos de contenido falso, el abogado constitucionalista Emilio Camacho expresó su opinión respecto a las inconsistencias advertidas en el fallo y en la investigación fiscal.
El profesional centró su postura en que el procesado fue condenado por la elaboración de un instrumento oficial que no redactó ni firmó, mientras que las autoridades institucionales que suscribieron el título no fueron incluidas en el proceso penal.
“El caso Rivas hay tanto una sola cosa te digo y lo dije desde un principio. A él se le condena por producir un documento no auténtico. ¿Qué documento falso produjo supuestamente un título? Pero ese título firman varias autoridades y las autoridades que hicieron ese documento no están procesados ni imputados. Entonces, ahí hay una primera injusticia grave que yo estoy seguro será revertida en apelación y que juegue un nuevo tribunal”, cuestionó.
Como eje complementario, Camacho advirtió sobre la inviabilidad lógica de atribuir a una sola persona la responsabilidad por la expedición de un título universitario respaldado por un sistema institucional.
“No es posible que un solo sujeto haya construido el sistema de fraude del título en Paraguay. Eso se produce masivamente. Entonces, se buscó un chivo expiatorio, se pretende calmar la ira social encontrando un solo culpable. Todas las firmas que están en los documentos son responsables, sea quien sea”, manifestó.
En la misma línea, cuestionó el actuar del Ministerio Público por no indagar a los emisores del documento oficial.
“Si ese título es falso. ¿Dónde están los que han firmado ese título? Si ese título es falso. Si está la firma de un rector y un decano ahí. Ya no es falso ese título. Simple es, O en todo caso, si el fiscal cree que es falso, ¿por qué no se incluyen en un proceso a lo que firmaron”, planteó el constitucionalista.
Finalmente, Camacho concluyó que la resolución judicial carece de validez técnica al omitir la cadena de responsabilidades de las autoridades firmantes, por lo que estimó que la Cámara de Apelaciones anulará la condena para disponer la realización de un nuevo juicio.
