El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Undécimo Turno hizo lugar a una acción de amparo constitucional promovida por varios accionistas, entre ellos integrantes de la familia del expresidente Santiago Peña, y ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abstenerse de entregar documentación de carácter reservado sin una orden judicial expresa.
Entre los accionantes figuran Ana María Palacios de Peña, José Cayetano Peña Nieto, Gonzalo Peña Ocampos, Manuel Peña Palacios y Francisco Peña Palacios. Los mismos recurrieron a la Justicia para impedir que documentos de su propiedad, actualmente almacenados en dependencias del MEF, sean divulgados o entregados sin las garantías legales correspondientes.
La resolución judicial establece que el Ministerio no podrá proporcionar dichos documentos, salvo que exista una orden judicial expresa o que el requerimiento provenga de un organismo estatal legalmente habilitado para acceder a esa información. La medida vuelve a poner bajo atención pública la discusión sobre el acceso a documentos reservados y los límites entre la protección de datos privados y el control de las actuaciones vinculadas a personas con exposición pública.
