La Asociación Espíritu Santo volvió a reclamar al Ministerio de Defensa Nacional que intervenga para impulsar la nulidad de la transferencia de unas 310.000 hectáreas de tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza ubicadas en el Chaco a cuatro offshore. El abogado Francisco de Vargas, representante de la organización, presentó el 16 de noviembre una nueva nota dirigida al ministro Óscar Luis González Cañete, en la que reiteró un pedido formulado el 7 de septiembre.
La presentación solicitó que Defensa comunique formalmente a la Procuraduría General de la República la Sentencia Definitiva N.º 384/2026, dictada el 18 de agosto en el proceso penal contra la exjueza Tania Irún, y que se impulsen las acciones judiciales para obtener la nulidad de las transferencias ordenadas mediante la Sentencia Definitiva N.º 494/2018.
El planteamiento se apoyó en el pronunciamiento del Tribunal de Sentencia sobre la aplicación de la Ley N.º 2532/05, de Seguridad Fronteriza.
“Así las cosas no existen dudas de que la entonces magistrada Abog. Tania Irún ciertamente violentó el art. 4 de la Ley N° 2532/05 al no tener a la vista quienes eran los accionistas de las empresas (…) si la acciones eran nominativas y no endosables a fin de hacer lugar a la demanda en cuestión”, señala el fallo.
La resolución hizo referencia a las empresas Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments Limited y Elite Kingdom Investments Limited, cuyos documentos societarios y composición accionaria no habían sido examinados por la magistrada antes de admitir la demanda.
PRESENTACIÓN
La nueva presentación volvió a poner en discusión la actuación de las instituciones que recibieron los reclamos de la Asociación. Según los antecedentes expuestos por De Vargas ante la Comisión Especial de Investigación de Hechos de Corrupción en el Indert, presidida por el senador Líder Amarilla, la organización presentó doce notas ante la Procuraduría para advertir sobre la presunta violación de la Ley de Seguridad Fronteriza.
Cuestionó la falta de intervención del Ministerio de Defensa, institución a la que ahora volvió a solicitar que active los mecanismos legales correspondientes.
En la nota del 16 de noviembre, De Vargas dejó constancia de que, pese a la documentación presentada y a los pronunciamientos judiciales, los organismos competentes no habían impulsado las acciones que, según su interpretación, correspondían para obtener la nulidad de las transferencias.
El abogado invocó el artículo 13 del Decreto N.º 7.525/11 y solicitó que Defensa disponga la inmediata sustanciación de los trámites ante la Procuraduría para promover las acciones jurisdiccionales. También advirtió que la Asociación agotaría las instancias administrativas y judiciales internas antes de recurrir a organismos internacionales.
VINCULOS
Las cuatro sociedades extranjeras que obtuvieron las tierras del Chaco están vinculadas, según la denuncia de la Asociación, al empresario Kiantar Betancourt, representante de Atenil S.A. De Vargas recordó que Betancourt integró la delegación paraguaya en la COP28, realizada en Dubái en diciembre de 2023, junto con Gonzalo Peña, hijo del presidente Santiago Peña, con quien tendría vínculos comerciales, y Alejandro Gómez Abente, directivo de Ueno. Gonzalo Peña acompañó a su padre durante el viaje.
Dijo que, según investigaciones periodísticas, Atenil figuraba entre las empresas interesadas en comercializar créditos de carbono provenientes de bosques nativos. En octubre de 2023, el Gobierno de Santiago Peña impulsó y promulgó a tambor batiente la Ley N.º 7190, que reguló el mercado de créditos de carbono en Paraguay.