Asociación Espíritu Santo exige al RUN bloquear operaciones sobre tierras disputadas en el Chaco

La Asociación Espíritu Santo presentó una nueva urgencia ante el Registro Unificado Nacional (RUN) con el objetivo de frenar cualquier tipo de movimiento registral —incluyendo escrituras, transferencias, gravámenes e inscripciones— que afecte a unas 310.000 hectáreas ubicadas en la Región Occidental. Dichos inmuebles forman parte de un litigio tras haber sido adjudicados a cuatro firmas offshore a través de un fallo judicial dictado en el año 2018.

La acción fue impulsada esta semana por el abogado Francisco de Vargas, en representación de la mencionada entidad, mediante un escrito dirigido a la titular de la institución registral, Lourdes González. Con esta diligencia, la parte reclamante retoma una solicitud presentada originalmente el 8 de octubre, pidiendo tanto medidas de resguardo inmediato como el asiento expreso del conflicto en las fincas y matrículas afectadas, además de requerir un informe sobre las acciones tomadas hasta la fecha.

En su argumentación jurídica, el documento presentado ante la entidad pública advierte que permitir nuevas transacciones sobre las propiedades en cuestión podría agravar o consolidar una situación registral cuestionada. Asimismo, recuerda que, en virtud del artículo 8 de la normativa vigente aplicable al caso, todo acto jurídico que contravenga dichas disposiciones legales carece de validez y resulta nulo.
Esta nueva insistencia ante el RUN ocurre poco después de que miembros de la Asociación Espíritu Santo comparecieran ante la Comisión Especial de Investigación de Supuestos Hechos de Corrupción en el Indert, instancia legislativa encabezada por el senador Líder Amarilla. Durante esa audiencia, los denunciantes expusieron las presuntas irregularidades en torno al traspaso de las 310.000 hectáreas en territorio chaqueño, lamentaron la inacción de diversos organismos del Estado y detallaron que ya elevaron doce notas a la Procuraduría General de la República, sumadas a dos presentaciones previas (una principal y otra ampliatoria) ante los registros públicos.

El conflicto por estas propiedades situadas en franja fronteriza interpela directamente el criterio técnico que defiende la actual administración del RUN respecto a su rol fiscalizador. Dos meses atrás, a través de su cuenta oficial en la red social X, la directora Lourdes González se había pronunciado tras la suspensión de un magistrado del fuero civil que dispuso la subasta de un bien incautado al narcotráfico y administrado por el Estado.

En aquella ocasión, la alta funcionaria reivindicó la calificación registral como una “garantía esencial de la seguridad jurídica”, catalogándola como un “filtro de legalidad que previene el conflicto y aporta certeza al tráfico inmobiliario”. González subrayó entonces que la tarea de la institución no se limita a un trámite mecánico de inscripción, sino que implica un análisis riguroso con facultades para “imponerse a presuntos actos de evidente arbitrariedad”, evitando que determinaciones judiciales opuestas a la ley o a medidas cautelares vigentes logren perfeccionarse en el ámbito registral.