Los agentes fiscales Silvio Corbeta Dinamarca y Ruth Benítez formularon imputación contra el directivo de una empresa de seguridad y transporte de caudales por los supuestos hechos punibles de hurto agravado y frustración de la persecución y ejecución penal, en el marco de una investigación relacionada con un faltante de G. 3.090.600.000 correspondiente a fondos de Red Digital que se encontraban bajo custodia de la firma GSR Security. Asimismo, la representación fiscal solicitó la aplicación de prisión preventiva.
Según la investigación, GSR Security, vinculada a la firma Dobrestec S. A., prestaba servicios de transporte y resguardo de valores a Ueno Bank y Red Digital. Conforme a los registros contables y documentos de tesorería, al 3 de noviembre de 2026 se encontraban depositados en su bóveda principal aproximadamente G. 18.102 millones y USD 189.396, pertenecientes a ambas entidades.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el 3 de noviembre el imputado habría dispuesto el retiro anticipado de funcionarios administrativos y la desconexión de cámaras de seguridad ubicadas en sectores de tesorería, bóveda principal y salida de vehículos transportadores de valores.
Posteriormente, se habría realizado el traslado de dinero en efectivo desde la bóveda hasta un vehículo blindado de la propia empresa. Los registros del sistema de posicionamiento global (GPS) permitieron identificar el desplazamiento del móvil hasta un inmueble ubicado en el barrio Trinidad de Asunción.
En el marco de las diligencias investigativas, el 7 de noviembre se efectuó un allanamiento en un inmueble vinculado a la firma INCOP S. A., donde fueron incautados documentos relacionados con movimientos internos de fondos, recibos de transporte de valores y registros de tesorería.
Estos elementos permitieron avanzar en las verificaciones sobre el manejo y destino de los valores que se encontraban bajo custodia de la transportadora.
Asimismo, durante un procedimiento realizado el 17 de noviembre de 2026 en instalaciones de GSR Security, se efectuó un conteo de los valores existentes en la bóveda, con acompañamiento de funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) y apoyo técnico de personal de Prosegur.
Según el acta de imputación, la verificación permitió detectar un faltante de G. 3.090.600.000 correspondiente a fondos de Red Digital. Conforme a la hipótesis fiscal, el dinero habría sido trasladado y posteriormente ocultado o apropiado.
En cuanto a las medidas cautelares, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado, al considerar que concurren presupuestos relacionados con el peligro de fuga y de obstrucción a la investigación, conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal.
La representación fiscal también requirió al juzgado competente la notificación del acta de imputación y un plazo de seis meses para la presentación del requerimiento conclusivo.
La investigación continúa a fin de esclarecer las circunstancias relacionadas con el traslado de los valores, determinar el destino del dinero faltante y establecer las eventuales responsabilidades penales.