Ante la reciente ratificación de la cámara de senadores en la sanción de la ley que obliga el pago del salario mínimo legal vigente a las trabajadoras domésticas, el Gerente de prestaciones del Instituto de Previsión Social indico que se trata de “una ley retrógrada”.
Defendió esta postura sosteniendo que, con esta decisión aumentaría el trabajo informal y además de que requerirá complejas normativas y que IPS no tiene capacidad para absorber más asegurados.
Halley aseguró que posiblemente la vigencia de la ley lo único que logrará es aumentar el nivel de informalidad, lo que en vez de beneficios provoca perjuicios en las trabajadoras del sector.
“Con el 60% del salario mínimo, 17 mil eran inscritos, sin embargo, había 27 mil cuando era 40%. Si vamos al 100% yo creo que se reduce a 5 mil titulares máximo y eso es ir contra el espíritu de la norma”, manifestó el alto funcionario a la 1020 am.
Aunque la normativa aún no está firme ya que se encuentra en manos de los diputados quienes deberán pronunciarse aún al respecto, sin embargo necesitan 53 votos para sostener el monto final a ser pagado sea del 70% del monto legalmente establecido.
