El proyecto de ley más conocido como ley «antichicana» (Inhibición y recusación)”, más conocido como proyecto “antichicana”, presentado por varios diputados, fue derivado a una Comisión de Reforma Judicial, decisión que fue respaldada con una amplia mayoría de 38 votos, durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.
Se trata de un proyecto que busca evitar que litigantes inescrupulosos consigan trabar con “chicanas” (recusación a fiscales), los procesos que llevan adelante, con el único propósito de alargar la causa y conseguir la extinción de la misma.
Los proyectistas estiman que el Ministerio Público es un órgano que goza de autonomía en el ejercicio de sus funciones, situación garantizada en la Constitución Nacional, la ley orgánica de la institución, la doctrina y el derecho comparado.
“La inmediatez es muy importante en las investigaciones fiscales y la separación de los agentes fiscales, a veces con recusaciones que alcanzan a toda una unidad e, incluso a los fiscales adjuntos, se havueltounapráctica que perjudica a las investigaciones de todo tipo”, dice parte de la exposición de motivos.
Si bien está establecida la facultad de recusar al fiscal, esto no indica que la investigación deba ser paralizada cuando se presenta recusación en su contra, refieren los proyectistas.
“La recusación no puede tener el mismo efecto cuando sepresentacontraelfiscalquecuandosepresenta contra el juez, pues el fiscal nunca decidirá el caso. Ni siquiera durante la investigación, el agente fiscal tiene la facultad de decidir sobre cuestiones que afecten garantías constitucionales, (allanamientos, prisión preventiva, intervención de comunicaciones, etc.) ya que para ello, necesariamente deberá recurrir a un juez.Tal facultad se contrapone abiertamente con lo establecido en el Artículo 266 de la Constitución Nacional, reza el documento.
El diputado Ever Noguera, sostuvo que como se trata de una modificación del Código Procesal Penal, lo que corresponde es que se derive a la comisión que estudia la reforma penal, para su dictamen correspondiente.
La principal proyectista del documento, Rocío Vallejo, no se mostró muy a favor de esta moción, ya que, si bien es cierto, hay una comisión especial de estudio de las reformas penales, esto es algo urgente, según sostuvo.
“Debemos declarar en emergencia la justicia, lo sostengo desde hace mucho tiempo; las recusaciones en masa a fiscales y jueces es una de las causas; tomará 1 o 2 años que se apruebe esto si derivamos a comisión”, señaló la legisladora de PPQ.
Tras la votación de las 2 mociones, con 36 votos, el documento fue derivado a la comisión especial de reforma del Código Penal y Código Procesal Penal.
