Tras el amotinamiento y enfrentamiento entre dos grupos criminales que arrojó como resultado la muerte de 10 internos en la Penitenciaria Regional de San Pedro, el senador Fernando Silva Facetti instó a las autoridades iniciar y agilizar el proceso de expulsión de los extranjeros, principalmente brasileños que se encuentran en las cárceles de nuestro país.
“En un principio los brasileños detenidos se autoaislaban, pero en los últimos años ha empezado a reclutar a los paraguayos a cambio de protección dentro de la cárcel, incluso a cambio de un mejor pasar, ya que nuestros compatriotas muchas veces duermen en el piso y no tienen alimentación. Entonces estas bandas criminales dan la protección a cambio de una muestra de lealtad hacia este nuevo patrón, y esa muestra es precisamente este tipo de extremas violencias”, expresó el legislador.
Indicó que este problema arrastramos desde hace una década, precisamente debido que empezaron a `poblarse con criminales internaciones, principalmente del Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho quienes han cambiado la vida dentro de las penitenciarías.
“En San Pedro se perdió control por la práctica brutal que tienen estos criminales”, acoto Silva Facetti.
Dijo que lo ocurrido debe tomar el gobierno como una imposición, un cambio de paradigma en el manejo de las penitenciarias
Expresó que es hora que la ley y el marco legal se aplique, como el uso de pulseras electrónicas por ejemplo para aquellas personas con bajas condenas. Resaltó que otro problema es la falta de profesionalización de los guardiacárceles, y como muestra lo que paso ayer y pasa permanentemente en Tacumbu . “Es la permeabilidad de la lealtad de los gurdiacarceles que en base a amenazas, extorsión o sobornos dejan pasar de todo, incluso armas y esto vuerve incontrolable la situación”, señaló.
“No tiene razón de ser que estén acá, hay que extraditar a todos al Brasil y separar a los más peligrosos a cárceles de alta peligrosidad. El 75% de la población penitenciaria sigue sin condena firme. Deben reducir la población penitenciaria, por lo que las instituciones Defensoría, Poder Judicial y Fiscalía deben tomar cartas en el asunto”, concluyó.
