Las agentes fiscales Carina Sánchez, Claudia Morys, Isabel Arnold y Natalia Acevedo, fueron designadas para investigar la presunta utilización de niños y adolescentes por parte del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo.
Laura Mariana Villalba fue aprehendida el pasado 24 de diciembre en Cerro Guazú, departamento de Amambay y en su poder fueron encontrados artefactos explosivos. La mujer es hermana de Carmen y Osvaldo Villalba, considerados líderes del grupo criminal.
Villalba fue convocada a los efectos de que presente su declaración indagatoria, pero se abstuvo de prestar declaración. Explicó que los hechos investigados se relacionan a la utilización de niños y adolescentes en actividades criminales, específicamente por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo”.
“Los hechos individualizados en este momento son Violación del Deber del Cuidado y Violencia Familiar», acotó la agente fiscal. Su abogada pidió copia de la carpeta fiscal a los efectos de interiorizarse sobre los hechos investigados y solicitaría la realización de la audiencia de declaración indagatoria para que su defendida pueda manifestarse con relación a los hechos.
Cabe destacar que en la vispera, la fiscal General del Estado, Dra. Sandra Quiñonez, encabezó una reunión en la cual dio detalles acerca del operativo realizado en un inmueble donde aparentemente se hallaba Laura Mariana Villalba. Durante la actividad, se expusieron evidencias varias como también un audiovisual hallado tras el allanamiento efectuado por el agente fiscal, Carlomagno II Alvarenga y la Fuerza de Tarea Conjunta.
Según las evidencias halladas, niños son obligados por sus padres, ya que en uno de los vídeos se visualiza cómo el hijo de uno de los líderes se quiebra y llora ante una filmación, pero finalmente es obligado por su padre a hacer el video y a hablar.
También se observa a uno de los niños que, cuando era bebé, era cruzado a través del río por una cuerda, con el riesgo de caer al río, expuesto a un peligro extremo. De acuerdo a las evidencias se puede deducir que probablemente menores de edad estarían siendo insertados por el grupo criminal autodenominado EPP, por quienes son adiestrados y obligados a permanecer en campamentos.
