El diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), abrió el debate sobre el informe final de la CGR sobre la deuda de Itaipú. El legislador resaltó que esta es la primera vez que el órgano de control logra hacer un trabajo en Itaipú, lo que es importante con miras a las renegociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú, previstas para el 2023.
Anunció, además, la presentación de un documento que insta a la Fiscalía General del Estado, a investigar, en un tiempo perentorio, la situación de esta deuda, de manera a avanzar en el esclarecimiento y dar señales claras a Brasil de la postura nacional.
Por su parte, su colega, Celeste Amarilla (PLRA-Capital) sostuvo que el informe presentado da la razón a la oposición, sobre la supuesta usura que administraciones oficialistas realizaron en la empresa binacional.
Explicó que la mentada deuda, entre los años 1985 y 1997, aumentó unos USD 11.765 millones, debido a la violación de uno de los artículos del tratado, sobre los costos de energía, que habla, entre otros puntos, del monto de remuneración por kilowatt, cedido a la otra parte.
“Se violó este artículo cuando permitieron que Brasil pague USD 10 dólares por Kilowatt cuando debía pagar USD 17,10. Al hacer eso, Itaipú entró en un desfasaje financiero que lo obligó a tomar préstamos, ¿y quién prestó el dinero? fue Eletrobras, es decir, esta empresa es acreedor y deudor de la hidroeléctrica”, denunció.
Seguidamente, los diputados Norma Camacho (PEN-Central) y Edgar Acosta (PLRA-Central) apoyaron lo expuesto por la legisladora Amarilla.
El diputado Acosta aseguró que el informe de la CGR debe unir a las fuerzas políticas para que se convierta en la base de toda negociación con Brasil.
“Este informe es fundamental y el acompañamiento de la Cámara de Diputados es fundamental, para que tenga un impacto, no solo nacional, sino también internacional. Las traiciones a la patria se tienen que pagar”, argumentó.
Posteriormente, el congresista Roberto González (ANR-Cordillera), pidió descartar los discursos electoralistas y de odio contra el gobierno, para construir una unidad nacional para la renegociación en puerta.
Resaltó que, si bien, esta investigación de la CGR inició en el gobierno de Fernando Lugo, recién con esta administración fueron liberados todos los documentos para el informe final, por un pedido expreso del presidente Mario Abdo Benítez, según sus expresiones.
Finalmente, la diputada Kattya González (PEN-Central), habló sobre el punto y pidió apoyar un proyecto de Declaración, que inste a la Fiscalía General del Estado, a abrir una investigación penal a las administraciones involucradas.
“Se deben tomar acciones de recupero del perjuicio económico sufrido por Paraguay en manos de Brasil. Se embolsaron cuatro mil millones de dólares que pertenecen al Estado paraguayo, y con esta convicción el Paraguay debe ir a negociar en el 2023. Brasil debe empezar a respetarnos como condómino y país soberano”, subrayó.
El último orador en este punto fue el diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), quien valoró el trabajo del contralor Camilo Benítez, para realizar el informe en cuestión y aseguró que, en la investigación solicitada por su colega, deben figurar también los contralores anteriores, quienes no realizaron, en forma, la auditoría a la mencionada hidroeléctrica.
