Defensora General defiende servicio juridico integral en seminario internacional

La defensora general, María Lorena Segovia Azucas, expuso hoy sobre el “Fortalecimiento de la Defensa Pública para el Acceso a la Justicia”, en el I Congreso Internacional de Servicios Jurídicos Gratuitos, organizado por la Defensoría Pública de Ecuador y la Universidad Indoamerica de Ecuador.

Durante el evento en formato virtual, la Defensora General resaltó que un servicio jurídico no solo debe ser gratuito, sino también integral, sobre lo cual la Defensa Pública de Paraguay se encuentra trabajando. Las diversas dimensiones del acceso a la justicia, así como la asistencia jurídica gratuita son fundamentales, pues permiten la igualdad material entre las personas dentro de un proceso, refirió.

Entre otros puntos la Titular del Ministerio de la Defensa Pública recalcó que la Institución presta servicios a personas de sectores vulnerables, así como ejerce la defensa de los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes, en cuya representación, de enero a noviembre del 2021, se iniciaron 7.232 juicios, entre ellos, medidas cautelares de protección, asistencia alimenticia, homologación de acuerdos entre progenitores, régimen de convivencia y otros.

En cuanto a personas con discapacidad, la Defensa Pública asistió a 471 personas a través de los diferentes fueros, a los efectos de representarlas y lograr el efectivo uso y goce de sus derechos.

Igualmente, la Defensa Pública presta servicios a personas migrantes que requieren de protección internacional; comunidades y pueblos indígenas; personas mayores, mujeres víctimas de violencia de género; personas LGTBI y a otras personas en situación de vulnerabilidad, a través de los diversos fueros, como penales, civiles, laborales y contencioso administrativo.

Cabe destacar que el Congreso Internacional, en donde se presentaron ponencias de diferentes organismos y personas, tiene como objetivos reunir a organismos y personas que prestan servicios jurídicos gratuitos a la ciudadanía que, por sus condiciones sociales, culturales y económicas, no tienen acceso a profesionales del Derecho en la Región; generar un espacio de cooperación para la investigación de estos sistemas, así como crear una red de apoyo regional con organismos que presten servicios jurídicos gratuitos.