Comunicado mediante, la Federación Latinoamericana de Fiscales expresó su confianza en que los poderes políticos del Paraguay, en principio el orden parlamentario, y en su caso por el Poder Ejecutivo, harán lo necesario para rever la posición presupuestaria adoptada, en el entendimiento que una reducción arbitraria de los recursos dificultará a la comunidad el acceso a una justicia imparcial, donde se contenga a las víctimas y disminuya los grados de impunidad en el orden delictivo.
Afirman que de efectivizarse dicho recorte, hay un riesgo concreto que el Ministerio Público de Paraguay no pueda afrontar con los costos necesarios para su operatividad, poniendo a las y los fiscales en clara desventaja para conducir las investigaciones penales referidas a hechos de corrupción; criminalidad organizada y sobre todo, para el castigo a la violación de los derechos humanos.
En ese marco, la FLF expresa su rechazo a la constante utilización en la región de los presupuestos de los Ministerios Públicos Fiscales como modo de injerencias indebidas del orden político en el desarrollo de la acción penal, queriendo resaltar, en especial, lo sucedido en la República del Paraguay, donde, el pasado miércoles 24 de noviembre, la Cámara de Senadores, de manera inconsulta y sin ningún tipo de deliberación, ha decidido recortar su presupuesto en G. 22.261.000.000 (más de 3 millones de dólares).
Expresamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que «en todo cambio o modificación relacionada con dicho presupuesto debe preverse un procedimiento de participación de la entidad correspondiente y debe asegurarse que pueda por sí misma o a través de su órgano respectivo de gobierno, encargarse del manejo de su presupuesto».
En este sentido, sostiene que una real autonomía orgánica del Ministerio Público, requiere la existencia de una autarquía patrimonial, la que se traduce en un presupuesto idóneo que permita a los fiscales disfrutar de condiciones de servicio razonables, que incluyan la inamovilidad, y la remuneración y una pensión adecuada a la importante función que desempeñan en la administración de la justicia.
Además, en el comunicado emitido se ponen a disposición Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay para cualquier acción posterior ante organismos internacionales que tenga por finalidad establecer una defensa de la integridad y eficacia de la función fiscal.
La Federación Latinoamericana de Fiscales, constantemente insiste que la defensa de la independencia del Ministerio Público Fiscal, implica, necesariamente, avocarse entre otros temas, a las «condiciones de servicio» en la que las y los fiscales ejercen su trabajo de investigación y persecución de delitos.
En la actualidad, la FLF está integrada por asociaciones de once países, a la sazón: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay. Perú, República Dominicana y Uruguay.
