La defensora general, María Lorena Segovia Azucas, se reunió con el equipo de Amnistía Internacional, encabezado por la directora Regional (México), Erika Guevara Rojas y la directora ejecutiva de Amnistía Paraguay, Rosalía Vega. En la oportunidad, recibió los resultados de una investigación de tres años, realizada por la mencionada organización bajo la denominación de “Son Niñas, No Madres” (Mitãkuña ndaha’eiva’erã sy), la cual incluye medidas para poner fin a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, así como la maternidad forzada de niñas en el país.
Amnistía Internacional considera que obligar a niñas o adolescentes que fueron violadas a llevar a término un embarazo y no dejarles más opción que convertirse en madres es una forma de violencia institucionalizada, que puede constituir tortura y otros malos tratos. En esta línea recomiendan con urgencia la prevención, la atención, justicia y reparaciones.
El informe enfatiza que Paraguay no cuenta con un sistema adecuado para prevenir la violencia sexual y proteger a quienes sobreviven a ella, aunque la Ley Nº 6.202/2018, que tiene por objeto la prevención del abuso sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, prometió rectificar algunos de estos problemas arraigados introduciendo una ruta única para proporcionar atención integral coordinada y que no re-victimizara a las personas sobrevivientes.
Revelan serias dificultades estructurales en el acceso a la justicia y a la reparación transformadora para las niñas que sufrieron violencia sexual, así como la impunidad de los perpetradores. Esto incluye a menudo una victimización secundaria: un trauma adicional de la víctima causado por las respuestas erróneas que recibe por parte de individuos o instituciones.
Asumen que en Paraguay, esto puede incluir culpar a la víctima, el hecho de que las instituciones no crean a la sobreviviente, y/o un manejo inadecuado por parte de las instituciones o el personal con los que la víctima está en contacto tras sufrir situaciones de violencia.
Concluyen también que el actual sistema prioriza el procesamiento sobre la reparación transformadora para las niñas sobrevivientes de violencia sexual. En este contexto, Amnistía Internacional recomendó desarrollar y financiar un programa nacional con llegada local que aborde las necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual, incluidas quienes son obligadas a llevar embarazos producto de violencia sexual a término, y otras en situaciones de vulnerabilidad extrema, con el fin de escucharlas y ayudarlas a reconstruir su vida y a superar los graves daños que la violencia sexual puede causar a largo plazo.
