Un proyecto de ley fue presentado por la bancada del Frente Guasú, que plantea la derogación de la normativa que eleva la pena a los invasores de propiedades privadas.
Se trata de la modificación del Código Penal establecida en la Ley N° 6830/2021 viola derechos y principios constitucionales, especialmente aquellos relacionados con los pueblos indígenas, quienes son reconocidos en la Constitución de la República del Paraguay como anteriores a la conformación del Estado y que como tales tienen derechos sobre la posesión tradicional o ancestral de sus tierras, los cuales no fueron contemplados para la modificación del Artículo 142 del Código Penal.
Según sostienen los proyectistas, esta normativa criminaliza las reivindicaciones del acceso a la tierra.
Aseguran que fue sancionada «en contravención a los derechos fundamentales de la población campesina, sostenidos en el precepto constitucional del valor social de la tierra, vinculado a una estructura agraria conducente al arraigo, al fortalecimiento y a la incorporación de la agricultura familiar campesina al desarrollo nacional, a través del fomento de asentamientos campesinos».
El documento, en la exposición de motivos, refiere que en nuestro, el 90 % de las tierras están en manos de unas 12.000 grandes propiedades (menos del 5 %) mientras que el restante 10 % se reparten entre 280.000 propiedades pequeñas y medianas (más del 95 %). Alrededor de 1000 propiedades de más de 5.000 ha (el 0,4 %) acaparan un 58 % de los 31 millones de hectáreas de uso agropecuario.
Indica además que las poblaciones campesinas con pequeñas áreas de producción familiar (menos de 20 ha) ocupan solo el 4,3 % de superficie de los 31 millones de hectáreas de uso agropecuario, a pesar de representar el 83,5 % del total de propiedades (unas 240.000); en contraste, las grandes fincas de más de 1000 hectáreas acaparan cerca del 80 % de las tierras de uso agropecuario (24,5 millones de hectáreas de los 31 millones).
Finalmente, señala que mientras que 7478 propietarios poseen 27.807.215 hectáreas, los pueblos indígenas, con una población estimada de 150.000 personas en total, únicamente poseen 1.000.000 de hectáreas, y más de 300.000 familias campesinas no tienen tierra. Son algunos de los argumentos que figuran para pedir la derogación de la Ley que endurece penas para invasores de inmueble.
