Tras un largo debate, la plenaria de la Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones, el proyecto de ley “Que prohíbe la asignación de combustibles a las autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado”, dejando fuera del mismo a gobernaciones y municipalidades. El texto fue remitido, nuevamente, a la Cámara de Senadores para un nuevo estudio.
Los cambios fueron propuestos por los legisladores Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes) y Kattya González (PEN-Central), en tanto el dictamen utilizado como base, fue el emitido por la Comisión de Industria, Comercio Turismo y Cooperativismo.
Lo mocionado por el diputado Núñez, fue, justamente, la exclusión de gobernaciones y municipalidades del texto, y además, se aclara que las bancas públicas en actividades misionales también quedan fuera del documento.
En tanto la propuesta de la diputada González, aprobada por sus colegas, consiste en la inclusión de un tercer artículo, mediante el cual se sanciona el incumplimiento de la norma, con la nulidad del pago realizado y la devolución de lo abonado, además de la remisión de los antecedentes al Ministerio Público, para la apertura de una investigación fiscal.
Uno de los puntos debatidos fue la posibilidad de que las instituciones cumplan con sus labores luego del recorte del rubro de combustibles. Sin embargo, varios legisladores, entre ellos, el titular de la Comisión de Presupuesto, Tadeo Rojas (ANR-Central), explicaron que el texto prohíbe la asignación, descuento, exoneración y entrega de combustibles, tarjetas personales o de cupos de combustibles a las autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado para uso personal, no así para sus actividades misionales.
Esto fue apoyado por sus colegas Juan Carlos Galaverna (ANR-Central), José Rodríguez (PLRA-Central), y Eri Valdez (PLRA-Cordillera).
Otro tema en controversia fue el destino de los fondos. Este punto fue instalado por los diputados Hugo Ramírez (ANR-Capital), Hugo Capurro (PLRA-Misiones) y Carlos María López (PLRA-Cordillera), quienes aseguraron que tras la racionalización de gastos, debe reprogramarse y repartirse de forma equitativa.
Ante estas dudas, el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), explicó que una vez promulgada la ley, las entidades afectadas ya no recibirán lo correspondiente a este rubro, y que es el Ministerio de Hacienda el encargado de definir qué hacer con el dinero.
Proyecto Populista
Varios legisladores manifestaron su descontento con el proyecto, entre ellos, el legislador Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa), quien lo tildó de populista, al igual que los parlamentarios Jorge Britez (Independiente-Alto Paraná) y Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro). Este último, remarcó la necesidad de racionalizar gastos, sobre todo, en lo que guarda relación con las grandes licitaciones.
Varios coincidieron en que el impacto del proyecto se sentirá más en las instituciones que en el Presupuesto General de la Nación.
Recortes en la HCD
En un momento del debate, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), tomó la palabra para responder a las declaraciones de su colega, Celeste Amarilla (PLRA-Central), quien habló de supuestos excesos en el Legislativo.
“Quiero recordar que desde que asumí la presidencia de la HCD en 2017, se hicieron recortes importantes en los gastos superfluos; no puedo creer que alguien no sepa de eso; más de 10 mil millones de guaraníes de recortes en los últimos tres años; somos la única institución del país que hizo eso”, remarcó Alliana.
Agregó que dichos recortes se dieron en rubros como combustible, papelería, alquileres, seguridad privada, mantenimiento de edificios, seguro médico, viáticos, pasajes y otros.
Fuente: Diputados.
