Director de Itaipu afirma que pago de compensación a exobreros es inviable

El director de la Itaipu Binacional, Lado Paraguayo, Manuel María Cáceres, advirtió que el proyecto de ley que pretende otorgar un pago compensatorio a exobreros de empresas contratistas de Itaipu es inviable en cuanto al monto exigido y los mecanismos de pago.

El reclamo es de unos 15.000 exobreros de empresas que realizaron servicios para la Binacional. Estos empleados nunca tuvieron relación laboral directa con Itaipu, sino que fueron empleados de empresas que realizaron trabajos para la binacional, aclaró.

Además subrayó que Itaipu cuenta con las notas reversales aprobadas por los congresos de Paraguay y Brasil que dejan sin efecto cualquier corresponsabilidad.

El proyecto se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados, tras su aprobación por el Senado la semana pasada, de manera a aprobar el pago de indeminización para exobreros de empresas contratistas y subcontratistas con Itaipu Binacional.

El monto de indemnización se estima en unos US$ 900 millones, que representa un monto inmenso, dijo Cáceres. Este desembolso representa dos años de aportes al Estado en concepto de royalties, o la totalidad de lo invertido por la binacional para su proceso de actualización tecnológica, que durará 14 años, expresó Cáceres como ejemplo.

Sostuvo que otra cuestión que vuelve inviable al proyecto es que la aprobación del Congreso paraguayo obliga unilateralmente a Itaipu a financiar los pagos compensatorios, cuando la autorización de un pago de este tipo se realiza mediante aprobación del Consejo de Administración Binacional.

“Estas decisiones se toman en el Consejo de Administración, conformado por ambas márgenes, por lo que una decisión unilateral que obligue a una de las partes a realizar este desembolso es inviable”, acotó.

El director de Itaipu señaló que se está en condiciones de dialogar con los congresistas, pero en caso de su sanción por el Congreso el proyecto sería vetado por el Poder Ejecutivo, y la binacional podría solicitar la declaración de inconstitucionalidad del referido proyecto. Fuente: IP