Aprueban con modificaciones proyecto de protección especial para fiscales antidrogas

Se trata de la modificación de la Carta Orgánica del Ministerio Público; para la protección de los agentes fiscales asignados a la investigación en los casos de narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado”, tuvo aprobación con modificaciones durante su tratamiento en el plenario de la Cámara de Diputados.

La legisladora Rocío Vallejo presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, señaló que fueron introducidas algunas variantes sugeridas por el propio Ministerio Público.

“Hemos realizados algunas modificaciones en el artículo 34, donde se establece, en el texto del Senado, que los agentes fiscales “solicitaron” ingreso al programa de protección al testigo; y lo cambiamos por la expresión “podrán solicitar”. En el artículo 50, de las atribuciones, por su parte, se refiere que el proceso de protección debe hacerse a través de la Dirección del Programa de Protección de Testigo, y no a través de la Fiscalía General del Estado, considerando que existe un programa especial”, esgrimió.

Otra propuesta es mantener el artículo 62 con el texto vigente, para una mejor aplicación.

Cabe puntualizar que el plenario decidió utilizar como base de aprobación el dictamen de esta comisión asesora.

A su turno, el diputado Edgar Espínola titular de la Comisión de Defensa Nacional, manifestó que las modificaciones que respaldan apuntan a testar los artículos 10, 11, 13 y 62 de la versión Senadores; y aceptar solo los artículos 34 y 50, que también sufrieron cambios de forma.

Como vocero de la Comisión de Legislación y Codificación, seguidamente, el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), manifestó oposición a la idea de modificar la palabra “solicitaron” por la expresión “podrán solicitar”.

“Personalmente opino que desde que el momento en que ingresa al programa tendría que ser obligatorio, por lo que me parece prudente mantener la redacción”, acotó.

En otro momento, el titular de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, diputado Tito Ibarrola (PPH-Central), dijo que tras realizar un análisis exhaustivo, optaron por el parecer del Ministerio Público y las recomendaciones de los asesores.

Es decir, aconsejaron testar los artículos 10, 11 y 13, “porque las modificaciones introducidas por el Senado no alteran ni cercenan el alcance del texto original; más bien, dan énfasis y visibilizan la necesidad de protección de los funcionarios vinculados a las investigaciones de los tipos penales que se citan”.

Vale apuntar que también se ha resuelto testar las modificaciones planteadas por el Senado en el artículo 62, considerando que, con el agregado, la propuesta, prácticamente, limitaría los alcances a la contratación de expertos con el fin de resguardar la integridad de los agentes fiscales y demás funcionarios en los casos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado.

La diputada Norma Camacho (PEN-Central), manifestó su apoyo a la propuesta, pero aprovechó la oportunidad para criticar el accionar de la Fiscalía en ciertos temas.

Finalmente, el plenario de la Cámara Baja decidió aprobar el documento en cuestión, con las modificaciones sugeridas por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

¿De qué trata el proyecto?

La protección de los agentes fiscales asignados a la investigación en los casos de narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado, es idea central del documento.

En esencia, brinda un marco de seguridad suficiente a los agentes fiscales en el ejercicio de sus funciones, referentes a aquellas diligencias de investigación donde corran peligro de sufrir algún daño.

Busca resguardar la integridad física; garantizar la vida y la seguridad de los agentes fiscales, así como sus vínculos familiares, en cumplimiento de los artículos 9, 12, 16, 17 y 175 de la Constitución Nacional, de acuerdo a la exposición de motivos.

Refiere a aquellas diligencias de investigación donde corran peligro de sufrir algún daño, tratándose de hechos punibles vinculados con la criminalidad organizada; corrupción; abuso de poder; o violaciones a derechos humanos.

La normativa vuelve a la Cámara de Senadores. Fuente: Diputados