La Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, que encabeza el diputado Edgar Acosta, recomendó en su dictamen, la ratificación de la versión Cámara Baja en lo relacionado al proyecto de ley “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”; conocido también como proyecto de “puerta giratoria”.
Cabe indicar que esta situación se da cuando los intereses particulares de una persona que desempeña funciones públicas, o los de su familiar, o amigos, pueden influir en la adopción de decisiones que atañen al ejercicio del cargo, según explica la normativa.
El documento tiene el objetivo de prevenir los conflictos de intereses e impone restricciones apropiadas, durante un período razonable, a las actividades profesionales de ex funcionarios en el sector privado, cuando esas actividades estén directamente relacionadas con las funciones desempeñadas o supervisadas durante su permanencia en el cargo público.
Durante el tratamiento en la Cámara de Diputados, vez pasada, se resolvió modificar los artículos 3, inciso G); y 20, inciso D).
La intención fue “achicar” el grupo familiar de referencia, a cónyuge e hijos mayores de edad, con la aclaración de que esto no significa que “si se llegara a descubrir vínculos cercanos, como testaferros, prestanombres; las acciones seguirán igual”.
“Lo que planteamos es testar el artículo 3, inciso G), donde se habla del grupo familiar y lo define como cónyuge; conviviente o concubino; hijos mayores de edad; parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, incluyendo a las personas sujetas a tutela o curatela. Queremos testar desde “parientes hasta segundo grado de consanguinidad”, hasta el final”, había explicado la legisladora Celeste Amarilla.
Con dicha modificación, la redacción quedó en “cónyuge, conviviente o concubino e hijos mayores de edad”.
En cuanto al artículo 20, inciso D), se decidió testar la parte donde dice “parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad”.
En este nuevo estudio en Cámara Baja (el documento volvió del Senado, donde también se ratificaron), la comisión asesora aconsejará la revalidación de lo resuelto. Fuente: Diputados