En sesión extraordinaria, el pleno del Senado aprobó con modificaciones el proyecto de Ley de ampliación de emergencia penitenciaria en todo el territorio, por un plazo de 120 días.
El presidente de la Comisión de Legislación, Hugo Richer, explicó que la intención es seguir contando con el apoyo de las fuerzas de seguridad el perímetro de los centros penitenciarios.
“La incidencia de la criminalidad organizada en el sistema penitenciario demanda un mayor grado de vigilancia y control. No es alentador construir penitenciarias, contratando agentes penitenciarios, porque el problema está en la sociedad”, destacó Richer.
La senadora Desirée Masi se opuso a la aprobación del proyecto y aseguró que el Ejecutivo busca trasladar al Congreso la responsabilidad de violar la ley, en lo que respecta al llamado a concurso para contratación de funcionarios penitenciarios.
«Mi bancadita y yo no vamos a permitir que el Ejecutivo nos use como condón», fue una de las expresiones vertidas por Masi durante el debate.
Amado Florentín propuso aprobar la ley pero emplazar por 90 días al Ejecutivo para regularizar la situación de los contratados. Esta moción fue acompañada por el senador Fernando Silva Facetti.
Otros legisladores se sumaron a la preocupación de la senadora del PDP respecto a la posición asumida por el Ejecutivo respecto al manejo de las contrataciones sin concurso. La ley que está siendo modificada dice claramente que en el 2023 el Ministerio de Justicia ya no podrá contratar personal sin concurso.
Durante el debate surgieron tres propuestas; por un lado, Hermelinda Alvarenga planteo aprobar la ley que conceder un plazo de 180 días al Ejecutivo para regularizar la situación de los contratados; Amado Florentín planteó que sean 120 días en tanto que Desirée Masi, propuso seguridad de los militares y policías alrededor del perímetro, sin necesidad de realizar contrataciones.
En votación finalmente tras la aprobación en general, se aceptó la sugerencia de Florentín, es decir, 120 días.
