La investigación del Senado salpica a exdirectivos, abogados y funcionarios públicos. Por su parte, la máxima instancia judicial inició procesos disciplinarios contra seis magistrados y tres ujieres tras auditorías a causas ejecutivas.
La Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Senadores formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra integrantes de un presunto esquema de usura y cobros irregulares en el marco de la causa denominada «Mafia de los Pagarés». La acción legislativa apunta a exdirectivos de la extinta Asociación de Multiactivos de Clientes e Integrantes del Hospital de Clínicas (AMUCLIN), profesionales del derecho, un oficial de justicia y una docente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Entre las personas individualizadas en la denuncia figuran Julia Mabel Acosta Rojas, Fabio Ubaldo Molinas Saldívar, la abogada Lourdes Rocío Aranda Benítez, la expresidenta de AMUCLIN Clara María Benítez de Caballero y el abogado Carlos Enrique Lara. La instancia parlamentaria solicitó a la Fiscalía que la investigación se extienda a otros eventuales operadores del sistema judicial.
El escrito fue presentado por la directora de la comisión, la abogada Diana Vargas, junto con el asesor técnico Rubén Allende. La presentación sostiene la posible existencia de los hechos punibles de estafa, asociación criminal, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, enriquecimiento ilícito y eventual prevaricato.
La documentación recabada por la Comisión expone un patrón operativo recurrente en la tramitación de las causas. La abogada Lourdes Rocío Aranda Benítez figura como profesional interviniente tanto en las demandas originales de AMUCLIN como en los procesos posteriores impulsados por Julia Mabel Acosta Rojas, docente del MEC que aparece como cesionaria de créditos y demandante en más de 40 juicios ejecutivos.
Por su parte, Fabio Ubaldo Molinas Saldívar, cónyuge de Acosta Rojas, ejercía un doble rol: se desempeñaba como oficial de justicia a cargo de los embargos y, al mismo tiempo, actuaba como cesionario y actor demandante en otras causas. Asimismo, informes de entidades financieras revelan que pagarés cancelados y devueltos a la expresidenta de AMUCLIN, Clara María Benítez, habrían sido reingresados a los juzgados para entablar nuevos embargos tras ser cedidos a favor de Acosta Rojas.
SOSPECHAS. La presentación parlamentaria incluye un apartado específico sobre presunto enriquecimiento ilícito centrado en la evolución patrimonial de Julia Mabel Acosta Rojas. Con base en datos de la Contraloría General de la República, la docente registró un incremento en su patrimonio neto, pasando de G. 196.850.000 en el año 2024 a G. 462.500.000 en el período 2025.
El informe resalta la aparición de dinero en efectivo y créditos a cobrar en sus declaraciones juradas, mientras que los reportes judiciales consignan depósitos por aproximadamente G. 168 millones en concepto de ejecuciones tramitadas a su favor.
La Comisión solicitó al Ministerio Público verificar la licitud de los fondos y determinar si los operadores judiciales que intervinieron en la tramitación de los cobros incurrieron en conductas penalmente relevantes.
SUMARIO. En la presentación de la denuncia, la Comisión adjuntó el reporte oficial remitido por la Corte Suprema de Justicia respecto a los resultados de las auditorías practicadas a los expedientes del fuero civil. Las revisiones se enfocaron en juicios ejecutivos promovidos contra enfermeras y funcionarios del Hospital de Clínicas.
A partir de las irregularidades detectadas en el manejo de las causas, la máxima instancia judicial ordenó la apertura de sumarios y carpetas disciplinarias contra seis magistrados: Martín Diego Acosta Conde, Edgar Rivas Laguardia, Heinrich Fabián Von Lucken, Alejandra Magalí Zavala, Liz Carina Caballero Montiel y Juan Andrés Martínez Zárate. Las medidas administrativas alcanzaron igualmente a los ujieres notificadores Edith Retamozo Riveros, Jaime Galarza Armoa y Ángela Báez Otazú
