El pleno de la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 30 de la Ley N° 879/81, Código de Organización Judicial”, con la intención de prohibir al Tribunal de Cuentas seguir auditando cuentas de entidades públicas.
Este proyecto, presentado por los legisladores Jorge Ávalos Mariño, Edgar Acosta, y el titular de la Cámara Baja, Carlos María López, busca que el órgano de control por naturaleza, que es la Contraloría General de la República (CGR), pueda cumplir, acabadamente, con la verificación de las actividades económicas y financieras del Estado, de los gobiernos departamentales y municipales, así como lo establece la Constitución Nacional.
Los proyectistas argumentaron la necesidad de modificar la referida ley, de manera a impedir que el Tribunal de Cuentas siga recibiendo rendiciones de cuentas de unos 100 organismos y entidades del Estado que no envían sus documentaciones a la CGR.
En esencia la modificación establece que el Tribunal de Cuentas no podrá realizar la evaluación de las cuentas de los Organismos y Entidades del Estado, cuyo análisis administrativo, dispone, estará a cargo de la Contraloría General de la República.
Estipula, igualmente, que en caso de surgir indicios de hechos punibles de la verificación administrativa, tomarán intervención los organismos pertinentes para la correspondiente investigación penal.
Por otro lado, dispone que el Tribunal de Cuentas deberá remitir, inmediatamente, a la Contraloría General de la República, toda la documentación presentada por las entidades públicas, gobernaciones, municipalidades o cualquier otro organismo que reciba o administre fondos públicos, que guarde relación con el análisis que pudiera ser efectuado por dicha institución, en ejercicio de sus funciones constitucionales.
“Las instituciones que han evitado el control de la Contraloría General, entendemos que es porque tienen algo que ocultar, de lo contrario no tendrían que hacerlo de esa manera”, afirmó el diputado Acosta.
Para la diputada Kattya González, es necesario que la Corte Suprema de Justicia, deje de otorgar medidas inconstitucionales para que instituciones públicas puedan sustraerse del control de la Contraloría General de la Republica.
El diputado Derlis Maidana, expresó su acompañamiento al proyecto y pidió castigo para los administradores de recursos públicos que mientan en sus rendiciones de cuentas.
Recordemos que el Tribunal de Cuentas tenía, con la Constitución de 1967, la facultad de juzgar las cuentas de las instituciones públicas, situación que se modifica a partir de 1992, ya que la Constitución Vigente retira tal competencia al Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, algunas instituciones se sintieron agraviadas por este cambio y presentaron pedidos de inconstitucionalidad que le fueron concedidos por la Corte Suprema de Justicia y es así que hasta el momento sus cuentas son auditadas por el Tribunal de Cuentas.
La Cámara de Diputados aprobó, sin modificaciones, dicho proyecto que tuvo su origen en la propia Contraloría General de la República y se dispuso su remisión a la Cámara de Senadores para su consideración. Fuente: Diputados
