Otra «mega intervención» conjunta se llevó a cabo en la víspera en la ciudad de Saltos del Guairá, Departamento de Canindeyú, por parte de funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad, en colaboración con el Ministerio Público y el apoyo de la Policía Nacional, en un local que contaba con suministro con conexión directa antes del equipo de medición de Media Tensión, correspondiente al NIS: 3326516, registrado en el sistema de la ANDE a nombre del Sr. Raúl Sebastián Duarte Romero.
El fiscal a cargo, el Abog. Ramón Ferreira, de la Unidad Penal N° 2 de Saltos del Guairá, con orden de allanamiento emitida por el juez, la Abog. Guillermina González y acompañado por los técnicos interventores de la Institución, procedió a ingresar al local donde se encontraban dos transformadores de 1.000 kVA cada uno (totalizando 2.000 kVA de potencia) y 176 máquinas procesadoras de criptomonedas. Estas máquinas fueron incautadas y trasladadas al predio de la Fiscalía de Saltos del Guairá; mientras que los transformadores de potencia quedaron en el mismo sitio lacrados, y el fiscal dispondrá el día de mañana dónde serán resguardados, quedando como pruebas para la investigación sobre el delito de sustracción de energía eléctrica.
Tras un análisis, se estima un daño patrimonial mensual de G. 560.000.000 (basado en la capacidad del transformador), que sumado a los gastos de intervención y la aplicación de multas según la ley 966/64, deberán ser abonados por el responsable del inmueble. El operativo de intervención fue posible gracias a la utilización de herramientas tecnológicas, incluyendo software de Inteligencia Artificial (IA) y el sistema SCADA de Distribución, que permitieron identificar variaciones importantes en la carga de las redes eléctricas, lo que finalmente condujo a la identificación y verificación de la zona sospechosa por parte de los técnicos.
Como parte del procedimiento establecido, la ANDE presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por los delitos de sustracción ilegal de energía eléctrica (Art. 173), perturbación del servicio público (Art 218) y sabotaje (Art. 274) según el Código Penal.
La ANDE lleva adelante de manera frontal a nivel nacional la lucha contra estas conexiones clandestinas y el uso indebido de energía eléctrica, acciones que ocasionan importantes perjuicios económicos y afectan el funcionamiento adecuado del sistema eléctrico.
