Se trata del proyecto de ley “Que crea el Fondo Nacional para la Cobertura de Gastos Ocurridos por Accidentes de Tránsito o Siniestros Viales”; iniciativa que busca una respuesta rápida y adecuada para la atención, tratamiento, rehabilitación y reinserción socio-laboral de las víctimas de este tipo de eventos.
La propuesta de normativa propone el financiamiento del fondo a través de diversas fuentes, incluyendo asignaciones presupuestarias; reparaciones sociales de infractores de tránsito; un pequeño cargo adicional en la emisión y renovación de licencias de conducir; y el 100 % del IVA recaudado por la venta de motocicletas importadas.
Respecto al IVA de las motocicletas, vale decir que fue un punto modificado en el estadio de las comisiones.
Se redujo el porcentaje al 50 % y esto contó con visto bueno del pleno.
El proyecto establece que los recursos serán distribuidos entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (50 %); la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social – DIBEN (25 %); y la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad – SENADIS (25 %).
“Los recursos serán blindados y no podrán ser reprogramados”, sentencia el documento.
El proyecto se presenta como una solución temporal hasta la implementación del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), indicó uno de los principales promotores, diputado Hugo Meza.
Solicitó apoyo y enfatizó que se está viviendo “una verdadera epidemia de accidentes de tránsito y siniestros viales”.
“Estamos ante una generación de lisiados, considerando que los datos son contundentes, preocupantes y demoledores. En este momento, cuando estamos estudiando este documento, existen entre uno y cuatro amputados, por día, que recurren a la SENADIS en busca de rehabilitación. Tenemos la tasa de fatalidad más alta de la región”, argumentó.
Sostuvo que esta situación trágica se debe a la falta de educación vial; y comentó que el día de ayer, en una reunión con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se habló de que la educación vial debe ser una materia obligatoria desde el nivel inicial, hasta el tercer ciclo.
Finalmente, remarcó que los ciudadanos de un Estado responsable “no tienen que estar viviendo de las polladas, los asaditos y las pancheadas”.
El titular de la Comisión de Salud, legislador Miguel Del Puerto (ANR-Caaguazú), felicitó la iniciativa y resaltó que surge ante la necesidad de contar con un fondo nacional – especial para dar una rápida y adecuada respuesta en estos casos.
Recalcó una modificación sugerida por el bloque que preside, la cual se da en el artículo 3°, inciso D, donde se reduce al 50 % los recursos generados de la recaudación del IVA por la venta de motocicletas o vehículos similares importados.
Acotó que también optaron por testar el artículo 9°, donde se establecía que la iniciativa tendría carácter temporal, hasta la vigencia del SOAT.
Ambos planteamientos tuvieron respaldo.
Problemática social que lleva el 1.5 % del PIB
Para el titular de la Comisión de Legislación, Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), el documento surge en hora buena, ante la problemática generada por el alto índice de accidentes de tránsito.
Destacó que además de la pérdida de miles de vidas, esta situación deriva en la hospitalización de las personas accidentadas, lo que representa una erogación significativa para el Estado.
Habló de que, según datos, estos gastos representan el 1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB).
La congresista Bettina Aguilera (ANR-Alto Paraná), también fundamentó a favor.
“Es una realidad palpable. A diario convivimos con la realidad de innumerables familias que se acercan a nosotros para pedir auxilio”, esgrimió.
Todos los legisladores coincidieron en que se trata de una problemática social que no solo castiga a los accidentados, sino a las familias enteras.
Luego de la aprobación unánime, la normativa se remitió al Senado. Fuente: Diputados
