Los agentes fiscales Rodrigo Espínola, Néstor Coronel y Francisco Cabrera, en representación del Ministerio Público, solicitaron al Tribunal de Sentencia una pena de 8 años de prisión para el exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, acusado por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
La solicitud se realizó durante el alegato final en el juicio oral y público que enfrenta el exgobernador. En la audiencia de la fecha, continúa la presentación de los alegatos de las defensas técnicas.
Antecedentes del caso
Según la acusación fiscal, durante la administración de Hugo Javier González se implementó un esquema delictivo que desvió G. 5.105.600.000 de fondos destinados a proyectos de Reactivación Económica, asignados en el marco de la Emergencia Sanitaria por la pandemia del Covid-19. El monto estaba destinado a supuestas obras civiles y viales, pero los proyectos no fueron ejecutados, y tampoco existían los respaldos necesarios que justifiquen la emisión de las resoluciones firmadas por el entonces gobernador.
Otros cinco acusados
Además del exgobernador, la Fiscalía solicitó penas de prisión para otros cinco funcionarios de la Gobernación involucrados en el caso. Para Miguel Ángel Robles Ibarra, exasesor y exdirector de Gabinete, se pidió una pena de 8 años de prisión. Javier Marcelo Rojas Giménez, exdirector de Administración y Finanzas, y Lourdes Lezcano Decoud, exsecretaria, enfrentan una solicitud de 3 años de cárcel cada uno. Asimismo, para Luis Eduardo Allende Araujo, extesorero, y Modesta Valiente, exsecretaria, se solicitó una pena de 2 años de prisión.
Impacto del delito
Durante su alegato, el fiscal Rodrigo Espínola afirmó que el daño causado “va más allá del monto sustraído, ya que se atentó directamente contra la capacidad del Estado paraguayo para atender una emergencia sanitaria, afectando profundamente a la población”.
Los fiscales sostuvieron que los fondos asignados a la Gobernación no fueron utilizados conforme a los dos proyectos genéricos presentados por la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), en cuyo marco se firmaron resoluciones sin sustento técnico ni financiero.
El caso sigue en desarrollo, y se espera la decisión del Tribunal de Sentencia en los próximos días.
