Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimi Adle y Verónica Valdez participaron de la audiencia de reposición con apelación en subsidio planteada por la defensa del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, ocasión en que pidieron la aplicación de medidas disciplinarias para la defensa técnica ante el notorio ejercicio abusivo del derecho.
La diligencia fue llevada a cabo en el marco de la causa abierta para investigar el supuesto desvío de 306 millones de guaraníes en el caso Tajy Servicios Generales, carpeta fiscal en la cual se pesquisa el supuesto perjuicio patrimonial a la comuna esteña por medio de la compra de insumos para la elaboración de panificados para familias de escasos recursos, durante la pandemia del Covid 19.
El Ministerio Público peticionó al juzgado la aplicación de sanciones disciplinarias sobre la abogada por la obstaculizacion del normal desenvolvimiento del proceso, a través de una reposición con apelación subsidiaria notoriamente improcedente con el único fin de dilatar la audiencia preliminar señalada para el 4 y 7 de abril próximos.
También se hizo mención a que se solicitaba la sanción por todos los planteamientos dilatorios en el proceso, acciones, excepciones, apelaciones, y otras, que todas dieron la razón al Ministerio Público, en las recusaciones cuando debía presentarse acusación, etc
El pedido fue realizado en virtud de las acordadas de la Corte Suprema de Justicia, del Código Procesal Penal y de la Acordada 1406 que regula la Ley de la Creación de los Juzgados Especializados de Delitos Económicos que habilita e instan al juez a aplicar sanciones disciplinarias.
Para el Ministerio Público, Prieto y los otros procesados en esta causa ocasionaron un perjuicio económico de 306.188.500 guaraníes a las arcas municipales por medio del pago realizado a la referida firma proveedora por mercaderías inexistentes.
