La cámara de senadores sancionó este miércoles el proyecto de Ley “Que crea juzgados y tribunales especializados en materia de violencia dentro del grupo familiar”, con el texto de la cámara de Diputados, que deja sin efecto la propuesta de la atención especializada de los hechos de violencia contra la mujer.
El documento inicial aprobado en cámara alta fue impulsado por la senadora Lilian Samaniego, y que contó con el respaldo de sus colegas Blanca Ovelar, Juan Afara, Yolanda Paredes, Noelia Cabrera, Esperanza Martínez, Hermelinda Ortega, Celeste Amarilla, Basilio Núñez, Arnaldo Samaniego, Ever Villalba, Rafael Filizzola, Natalicio Chase y Líder Amarilla.
Eduardo Nakayama, argumentó en representación de la Comisión de Legislación, que recomendó al pleno ratificar la versión aprobada inicialmente por el Senado.
Lilian Samaniego, por su parte, dijo que se trata de una herramienta clave para garantizar la aplicación efectiva de la Ley Nº 5777/16, así como de la Constitución Nacional y los compromisos internacionales asumidos por el país.
“Este proyecto no surgió de manera aislada, sino que es el resultado de seis años de trabajo articulado entre 17 instituciones del Estado, el Ministerio de la Mujer, el Poder Judicial, la Defensa Pública y diversas organizaciones de la sociedad civil”, señaló.
La legisladora también advirtió que el sistema judicial actual no responde a los estándares necesarios de protección. En 2024 se registraron 37.925 denuncias por violencia familiar; de estas, 33.000 fueron tramitadas en juzgados de paz, resultando en 627 condenas por violencia familiar y solo nueve por feminicidio. “La situación es particularmente grave en Asunción, Central, Alto Paraná y Cordillera, que concentran el 50 % de los casos”, agregó.
No obstante, debido a la falta de quórum durante el tratamiento del tema, se convocó a una segunda sesión extraordinaria en la que se procedió a la votación. Al no alcanzarse los votos necesarios para ratificar la versión del Senado, quedó sancionado el texto aprobado por la Cámara de Diputados. El documento será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o rechazo, conforme al procedimiento a seguir. Con informe del Senado.
